Así lo establece un proyecto de ley de la congresista atlanticense que fue aprobado hoy en el último de cuatro debates en la Plenaria del Senado.
La iniciativa, que fue respaldada por toda la bancada de mujeres del Partido de la U, pasa ahora a conciliación y posteriormente a sanción presidencial.
La representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, indicó, luego de la aprobación en el último debate de su proyecto de ley ‘Subsidio Ingreso Mujer’, que se materializa la responsabilidad del Estado
frente a dos grupos de especial protección constitucional, en primer lugar, las mujeres cabeza de familia, y, en segundo lugar, la población en condición de discapacidad.
“Fue precisamente la grave situación económica por la que hoy atraviesan muchas mujeres, principalmente esas que son cabeza de familia, que viven en condición de pobreza extrema, que no cuentan con ningún apoyo y que por tener bajo su cuidado personas en condición de discapacidad no pueden estudiar ni laborar, lo que nos motivó a presentar la iniciativa. La brecha de desigualdad laboral entre hombres y mujeres persiste no sólo en Colombia sino en el mundo y la pandemia del Covid-19 ayudó a desnudar aún más esa realidad”, expresó la congresista.
Villalba, quien agradeció a la Plenaria del Senado, y especialmente a las senadoras Emma Claudia Castellanos y María del Rosario Guerra, ponentes de la iniciativa, explicó que los recursos para la transferencia monetaria de las mujeres cabeza de hogar, que resulten beneficiarias en el territorio nacional, están garantizados en la Ley de Inversión Social a través del Programa Ingreso Solidario.
“Sin embargo, en caso de establecerse la no continuidad del Programa Ingreso Solidario, el Gobierno Nacional podrá reglamentar un mecanismo de financiación que ofrezca la continuidad del subsidio establecido en esta ley”.
El articulado del proyecto señala que “el Gobierno Nacional definirá la cuantía del monto de la transferencia. Esta no será aplicable para hogares de jefatura femenina beneficiarios de otros programas tanto del gobierno central como el territorial. Será de una por hogar, independientemente del número de personas en condición de discapacidad que conformen el hogar con jefatura femenina”
