Estados Unidos y varios miembros del Grupo de Lima, como Colombia, también del Grupo de Contacto Internacional y de la Unión Europea, y otros como Israel y Corea del Sur, pidieron este viernes un gobierno de transición para realizar “elecciones presidenciales libres” en Venezuela.
En una declaración conjunta, llamaron “a todos los venezolanos” a comprometerse “de manera urgente” a apoyar un proceso para establecer “un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible”.
“La actual pandemia y el colapso del sistema de salud pública de Venezuela han añadido urgencia a la necesidad de poner fin al statu quo”, indicaron.
Venezuela está sumida en una crisis política desde enero de 2019, cuando Nicolás Maduro asumió un segundo mandato presidencial desconocido por la oposición y por unas 60 naciones, incluyendo Estados Unidos, que desde entonces reconocen como única autoridad legítima a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015.
La otrora potencia petrolera vive además una debacle económica agudizada desde la llegada al poder de Maduro en 2013, que provocó la huida del país de unos cinco millones de personas, según la ONU.
Según la declaración, las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, cuestionadas por la oposición así como por Estados Unidos y otros países por falta de garantías,“no presentan una solución política” y “pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida”.
El texto señala que el proceso de transición debe permitir que la AN cumpla “plenamente” sus funciones, y debe restablecer “la independencia” del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Llama además a retomar los “avances” realizados en las negociaciones facilitadas por Noruega en Barbados el año pasado.
Los firmantes del texto exigieron el fin de “toda persecución política”, al señalar un “aumento de la represión” contra disidentes.
Y reiteraron que “en un contexto de progreso político”, los países están dispuestos a levantar las sanciones económicas impuestas para presionar por un cambio en Venezuela.
Estados Unidos, pero también Canadá y la UE, han impuesto numerosas sanciones contra Maduro y su gobierno, bajo acusaciones de corrupción generalizada y graves violaciones de los derechos humanos.
El Departamento de Estado estadounidense divulgó la declaración conjunta sin identificar los países firmantes, pero la cancillería de Perú sí lo hizo.
Ellos son Albania, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía y Ucrania.
“Un número creciente de países socios” respalda “al pueblo venezolano en su lucha por reclamar sus derechos”, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.
“No nos quedaremos al margen viendo cómo un narcodictador represor y corrupto continúa robándoles la democraciaconsagrada en su Constitución”, agregó, en alusión a Maduro, acusado de narcotráfico a fines de marzo por Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.
El encargado de las relaciones exteriores de Guaidó, el diputado venezolano Julio Borges, exiliado en Colombia, destacó que “por primera vez, todo el mundo libre se coloca en la misma página con respecto a Venezuela”.
Estados Unidos propuso en abril un “Marco Democrático de Transición para Venezuela” que plantea instalar un gobierno de transición que no incluya a Maduro ni a Guaidó, con el fin de organizar elecciones libres.
El plan planteado por Estados Unidos fue recibido “positivamente” por los 27 países de la Unión Europea, y por 11 integrantes del Grupo de Lima, creado en 2017 para buscar una solución pacífica a la crisis venezolana.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo esta semana que desea convocar “en un futuro cercano” una reunión ministerial con los países que participan en el Grupo de Contacto Internacional (GCI).
El GCI, creado a principios de 2019, está integrado por la UE, así como por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay. Bruselas anunció el martes la adhesión de Argentina.
