El Gobierno argentino anunció este miércoles 14 de mayo una serie de reformas al régimen migratorio, entre las que se incluyen restricciones más severas para conceder residencia, la eliminación de la atención médica gratuita para extranjeros no residentes y la posibilidad de cobro de aranceles en universidades públicas.
El anuncio fue hecho por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que las medidas serán oficializadas en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de “ordenar el país, cuidar las fronteras y proteger a los ciudadanos argentinos”.
Adorni explicó que los extranjeros que cometan delitos serán expulsados del país y se prohibirá su reingreso. También se aplicará esta sanción a quienes ingresen con documentos falsos. Además, se ampliará el listado de delitos que justificarán la expulsión o denegación de ingreso al país.
“Los malandros, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a hacer daño”, afirmó el vocero en un tono crítico hacia la política migratoria anterior, que calificó de “garantista”.
Fin de la gratuidad en salud y cobros en educación
El Gobierno también anunció el fin de la gratuidad en el sistema público de salud para extranjeros no residentes, medida que será reglamentada por las autoridades sanitarias. Adorni citó como ejemplo el caso de la provincia de Salta, donde una disposición similar redujo en un 95% la atención a extranjeros y generó un ahorro estimado en 60 millones de pesos argentinos.
En cuanto a la educación, las universidades nacionales podrán establecer aranceles para estudiantes extranjeros no residentes. Aunque las instituciones son autónomas, el vocero indicó que esta decisión será una nueva fuente de financiamiento, especialmente en carreras como medicina, donde “uno de cada tres estudiantes es extranjero”.
Estas reformas forman parte del enfoque del presidente Javier Milei, quien ha defendido una política migratoria más restrictiva y con mayor control fronterizo, priorizando el acceso a servicios para los ciudadanos argentinos.
