Dimitri Herard, quien es el jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional, había sido interrogado en la oficina del Inspector General el miércoles, luego trasladado a una estación de policía en Puerto Príncipe, según el asociado Carl Martin, quien dijo que está coordinando el equipo de defensa legal de Herard.
Cuando Herard preguntó a la policía por qué estaba detenido esa noche, le dijeron que la decisión «vino de arriba», dijo Martin, quien habló con Herard el miércoles por la noche. Agregó que la policía le ha quitado las armas y el teléfono celular a Herard, y que habían hablado a través del teléfono de otro oficial de policía.
Más temprano el miércoles, Herard no se presentó a una investigación judicial ordenada por el fiscal de Puerto Príncipe, citando una comparecencia obligatoria en la oficina del Inspector General.
«Tengo el honor de informarles, atendiendo a la invitación que me envió la Fiscalía de Puerto Príncipe. Actualmente me encuentro bajo una medida cautelar ordenada por la Inspección General de la Policía de Haití. Como resultado, no estoy disponible para cumplir con la solicitud del Ministerio Público ”, dijo en una carta al Ministerio Público.
«Si bien estoy dispuesto a responder una vez que expire esta medida de protección, solicito respetuosamente a su oficina que se suspenda la ejecución para este propósito, según sea necesario», agregó.
Martin dijo que Moise tenía un gran destacamento de seguridad y que la unidad de Herard tenía varios oficiales, pero «él es la única persona que está detenida de esa manera». La cadena de mando «no se detiene en Dimitri», agregó.
Herard espera «una oportunidad justa para una investigación justa» ahora que las agencias internacionales como Interpol y el FBI están involucradas, dijo Martin, y agregó: «Su trabajo es político. Tiene muchos oponentes políticos».
Martin dijo que la policía inicialmente había puesto a Herard en «aislamiento» por un período muy corto, por razones de seguridad.
Moise fue asesinado el miércoles pasado durante un ataque a su residencia privada, lo que sumió al país en un caos político con múltiples figuras compitiendo por liderar el país. La primera dama también resultó herida en el ataque y fue trasladada a un hospital de Miami para recibir tratamiento.
El miércoles, un comunicado en la cuenta de Twitter verificada de la primera dama agradeció a los «ángeles de la guarda que me ayudaron en este terrible momento», acompañado de una imagen que parecía mostrarla en una cama de hospital. No se ha podido confirmar de forma independiente la autenticidad de la publicación.
Las autoridades dicen que la operación involucró al menos a 26 colombianos, algunos ex miembros del ejército colombiano, contratados a través de una empresa de seguridad con sede en Florida.
Herard, el jefe de seguridad de la residencia presidencial, viajó a Ecuador a través de Bogotá, la capital de Colombia, a fines de mayo, según informó la Policía Nacional de Colombia. La fuerza dijo el 12 de julio que está investigando si Herard, mientras se encontraba en Colombia, se reunió con alguno de los ciudadanos colombianos presuntamente involucrados en el asesinato.
Pero varias personas, incluidos familiares de sospechosos colombianos, dijeron que las acusaciones contra los hombres no cuadran.
Matías Gutiérrez, un soldado retirado de las fuerzas especiales en Colombia le dijo el martes que los 26 sospechosos colombianos fueron contratados para brindar seguridad al presidente, y que la compañía de Florida se había acercado a él para el trabajo.
«Solo mencionaron una empresa con sede en Estados Unidos y un trabajo como seguridad privada en Haití. Seguridad para el presidente de Haití, que se creía que estaba bajo amenaza de muerte», dijo Gutiérrez.
«Todo fue un complot», agregó. «¿Cómo se puede tener este tipo de asesinato y no tener un solo muerto sino el propio presidente? Si mis compañeros hubieran hecho el trabajo, habrían tenido que entrar a la residencia y matar a los guardias antes de matar al presidente. escena de combate «.
También se ha presuntamente vinculado a tres ciudadanos estadounidenses con el ataque. James Solages y Joseph Vincent, ambos ciudadanos estadounidenses naturalizados y originarios de Haití, fueron detenidos la semana pasada. Mientras que, el domingo, la policía detuvo a Christian Emmanuel Sanon, también se cree que es un ciudadano estadounidense naturalizado, quien está acusado de orquestar un complejo éxito multinacional para hacer realidad sus propias ambiciones políticas.
Sanon ha enfatizado repetidamente que «no sabe nada en absoluto», según una fuente cercana a la investigación que no puede ser identificada porque no está autorizada para discutir el asunto. La policía no ha anunciado ningún cargo formal contra Sanon, y aún no está claro si Sanon ha contratado representación legal para abordar los cargos.
Varios de los sospechosos detenidos por las autoridades también trabajaban como informantes de las fuerzas del orden de Estados Unidos, con vínculos con el FBI y la Administración de Control de Drogas, según personas informadas sobre el asunto. En total, al menos 39 personas han estado implicadas en el asesinato hasta el momento.
Estados Unidos envió a agentes de alto rango del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ayudar en la investigación, y el gobierno aún está evaluando las solicitudes de asistencia del gobierno haitiano, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
