La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura entre las 69 personas sancionadas por la Unión Europea (UE) por su presunta implicación en acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, así como por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición.
Las sanciones europeas, vigentes desde junio de 2018, incluyen congelación de activos, prohibición de recibir fondos directos o indirectos y restricción de entrada a territorio de la UE. El pasado 15 de diciembre, el Consejo de la UE decidió prorrogar estas medidas hasta el 10 de enero de 2027, como parte de su respuesta a la crisis política y social en Venezuela.
Además de Rodríguez, la lista incluye a Diosdado Cabello (ministro de Interior), Tibisay Lucena Ramírez (expresidenta del CNE), Antonio José Benavides Torres (excomandante de la Guardia Nacional), Maikel José Moreno Pérez (expresidente del Tribunal Supremo) y Tarek William Saab Halab (Fiscal General).
otras figuras del régimen, argumentando que sus acciones socavaron la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Solo se aceptó parcialmente el recurso de Maikel Moreno, al considerar que su inclusión en la lista de sancionados no estaba suficientemente fundamentada.
La relación de Delcy Rodríguez con Europa también ha sido polémica. En enero de 2020, realizó una escala en Madrid y se reunió brevemente con el entonces ministro español José Luis Ábalos, pese a tener prohibida la entrada a la UE. El hecho generó un debate en el Parlamento Europeo, aunque la Fiscalía de Madrid concluyó que Rodríguez no ingresó legalmente a España y archivó el caso.
La UE ha reiterado que el objetivo de las sanciones es apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela, buscando garantizar la protección de los derechos humanos y la legalidad en el país suramericano.
