La estrategia legal de la derechista Keiko Fujimori para evitar su derrota en las elecciones presidenciales de Perú por un supuesto “fraude sistemático” no encuentra de momento asidero en los jurados electorales, que hasta la fecha han rechazado todos sus reclamos en este sentido.
A falta de pocas decenas de recursos por revisar en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE), el rechazo a la batería de pedidos presentados por el partido fujimorista Fuerza Popular para anular unos 200.000 votos en zonas rurales y andinas donde el virtual presidente electo Pedro Castillo ganó de manera aplastante es generalizado.
La gran mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas para anular mesas de sufragio han sido rechazadas por haber sido presentadas fuera del plazo correspondiente o por no haber pagado la tasa correspondiente para el trámite.
No obstante, Fuerza Popular está apelando esas denegatorias bajo el argumento de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral el Perú, extendió de manera extraordinaria el plazo para la presentación de estos recursos, algo que el propio ente electoral ha aclarado no fue así.
Pese a que en un primer momento el pleno del JNE había acordado una prórroga, esta nunca entró en vigor porque los mismos magistrados dieron marcha atrás y se retractaron al darse cuenta de que era una decisión inconstitucional, en base a una sentencia ya dictada por el Tribunal Constitucional.
Denuncias sin sustento
De los recursos que sí fueron presentados a tiempo, los jurados electorales están considerando que las denuncias no aportan las suficientes pruebas para acreditar un fraude en las mesas de votación, según las resoluciones publicadas hasta ahora en el portal del JNE.
La mayoría de las anulaciones solicitadas se basan en que las firmas de los miembros de mesa no coinciden exactamente con las rubricas de los mismos que figuran en el registro civil, y también en la existencia de lazos de consanguinidad entre algunos integrantes de la mesa de votación.
Por ahora los jurados electorales están declarando infundadas estas solicitudes de nulidad al argumentar que esas sospechas no probadas resultan insuficientes para anular el derecho al voto emitido de buena fe por los electores de esas mesas de sufragio.
Toda esta seguidilla de procesos está dilatando la proclamación oficial como presidente electo del izquierdista Pedro Castillo, que al 100 % del escrutinio ganó a Keiko Fujimori por 44.058 votos, al obtener el 50,12 % de las preferencias frente al 49,88 % de su rival.
En ese escenario, Fuerza Popular anunció el jueves en una conferencia de prensa que solicitará un “hábeas data” para tener acceso al padrón electoral y comparar firma por firma quiénes han votado en cada mesa electoral.
Tensión persistente
Mientras, continúa la tensión en la sociedad peruana ante un considerable sector de la población, principalmente de las clases altas y conservadoras de la capital Lima, que se niegan a reconocer la victoria electoral de Castillo.
Entre ellos hay presuntamente un grupo de cientos de militares en retiro que el jueves remitió una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para solicitar a la jerarquía militar que no reconozca a Castillo como presidente electo y sugerir lo que en la práctica sería un golpe de Estado.
Esa misiva llegó a los cuarteles pese a los constantes recordatorios del Ministerio de Defensa y de las mismas Fuerzas Armadas de que no son deliberantes en política y que su sujeción es a la Constitución.
Para el sábado hay convocada una manifestación en Lima que se prevé masiva en apoyo a Castillo y en respuesta a las distintas marchas de los simpatizantes de Fujimori, que salieron a las calles días atrás espoleados por la denuncia del supuesto fraude que alega la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Tanto las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) como la Asociación Civil Transparencia han descartado la existencia de un fraude al señalar que los comicios se desarrollaron de manera correcta y sin graves irregularidades.
