Es el máximo contemplado para los jefes de una asociación ilícita. Para Lázaro Báez también pidió 12 años, para De Vido y José López 10.
Por primera vez desde que ejerce cargos públicos, Cristina Kirchner escuchó un pedido de condena en su contra en un caso por corrupción. El planteo fue formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el marco del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Después de nueve audiencias de alegatos, concluyeron que la vicepresidenta fue la jefa de la asociación ilícita, es decir, de aquella “organización criminal” que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial. Por eso, pidió para ella una pena de 12 años de prisión y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.También, el decomiso de los bienes y las ganancias producidas por ese dinero defraudado al Estado.
Los fiscales también pidieron una condena de 12 años de prisión para Lázaro Báez, de 10 años para Julio de Vido, para José López y para el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
El alegato de Luciani y Mola ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, concluyó este lunes después dar por corroborada la existencia de una “estructura estatal defraudatoria, licitaciones amañadas, sustracción de sumas millonarias del Estado, un circuito ilegal de enriquecimiento del empresario y finalmente, una etapa de reciclaje a favor del matrimonio Kirchner”.
En este juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por un total de 46.000 millones de pesos. Se trató del 80% de los contratos viales que se licitaron en Santa Cruz y que representaron el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional.
Hay dos números que desentrañó la fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró dieciocho acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
Toda la maniobra, para la fiscalía, constituyó “la matriz de corrupción más extraordinaria que existió”, y los responsables de “instalar la misma fueron Néstor y Cristina Kirchner”. Fueron las palabras de Diego Luciani cuando inició su alegato el 2 de agosto.
Desde ese día y audiencia tras audiencia, el Ministerio Público Fiscal buscó corroborar la acusación central: la conformación de una asociación ilícita que fue encabezada por los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Este lunes, al concluir sus alegatos, el fiscal Diego Luciani fue categórico al señalar: “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad, se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en la cual los imputados -en una estricta división de roles- sustrajeron fondos del erario, adoptando todas las medidas para efectuarlas en total impunidad”.
Al centrarse en el funcionamiento de esa estructura con roles definidos añadió: “La corrupción fue la regla y el Estado de derecho quedó rezagado, y este desequilibrio debe corregirse con un fallo judicial”, en este punto instó a los integrantes del Tribunal a dictar un fallo ejemplificador. En otras palabras el fiscal dijo, “hoy más que nunca la sociedad reclama justicia, en sus manos señores jueces está impedir que se siga instalando una corrupción sistemática, ustedes tienen el deber de dar a cada uno lo que corresponde y restituir la paz y el orden social”. Continuó: “Este es el momento corrupción o justicia”.
Su reclamo fue al considerar reprochable la conducta de los trece imputados de haber “trastocado el orden público a través de una asociación ilícita conformada por las más altas autoridades del país, dirigida por Cristina Kirchner como jefa y sus principales ministros como organizadores”.
Como agravante del funcionario de la asociación ilícita, el Ministerio Público Fiscal se ocupó de demostrar y cuantificar el perjuicio al Estado, como resultado de la administración infiel. Se determinó que por los montos erogados en las 24 obras abandonadas, las modificaciones de costos y plazos sobre 39 contratos y la cartelización en la obra pública “el daño ocasionado asciende a 5.321 millones de pesos, un equivalente U$S 1.000 millones”.
En función de esa cifra es que la fiscalía pidió el decomiso y que los trece acusados en forma solidaria, hagan frente a los 1.000 millones de dólares “que fueron sustraídos ilegalmente a las arcas estatales”. El fiscal advirtió que esa suma, actualizada, deberá repartirse entre todos los acusados según su grado de responsabilidad, hasta alcanzarla.
En esta maniobra defraudatoria que generó un perjuicio de 1.000 millones de dólares, actuaron doce ex funcionarios además de Lázaro Báez, por eso el fiscal Luciani pidió que a excepción del empresario patagónico, todos los ex funcionarios incluida Cristina Kirchner “sean inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos”. A la hora de evaluar los hechos que agravan la acusación contra Cristina Kirchner, la fiscalía analizó “los delitos cometidos y que su aporte fue dirimente y principal para la realización de los delitos por los que se la acusa. Su poder en relación a los otros imputados, la naturaleza de la conducta y los medios utilizados, el daño ocasionado y los motivos, y se evalúa el lucro personal buscado”.
En esta maniobra defraudatoria que generó un perjuicio de 1.000 millones de dólares, actuaron doce ex funcionarios además de Lázaro Báez, por eso el fiscal Luciani pidió que a excepción del empresario patagónico, todos los ex funcionarios incluida Cristina Kirchner “sean inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos”.
A la hora de evaluar los hechos que agravan la acusación contra Cristina Kirchner, la fiscalía analizó que “los delitos cometidos y que su aporte fue dirimente y principal para la realización de los delitos por los que se la acusa”.
Luciani interpeló a la vicepresidenta y dijo que su comportamiento “merece una reflexión sobre el corrimiento de cualquier tipo de escrúpulos para alcanzar el beneficio personal, el lucro de toda la maniobra”. Pero también se valoró de manera negativa “el desprecio demostrado hacia la ciudadanía por usar fondos públicos para fines personales” habló del daño ocasion “a los ciudadanos de Santa Cruz en lo particular -que no vieron concluidas esas rutas-, a los empleados de Austral Construcciones despedidos en pos de ocultar la maniobra”.
Para los fiscales, la condición de presidenta de la Nación cuando ocurrieron los hechos es uno de los mayores agravantes, ya que “incumplió todo aquello por lo que juró al asumir y defraudó la confianza de la ciudadanía” y acusó a Cristina Kirchner de usar su cargo “para alcanzar el lucro final. Priorizó el interés personal sobre el interés público”.
Al momento de analizar los posibles atenuantes para cada uno de los acusados, el fiscal fue taxativo: “no encuentro ninguno ante los crímenes cometidos”. Así fue que le requirió una pena de doce años como jefa de la asociación ilícita sumado a la administración infiel junto al perjuicio.Así fue que le requirió una pena de doce años como jefa de la asociación ilícita sumado a la administración infiel junto al perjuicio.
Críticas a Alberto Fernández
En el tramo final el fiscal le respondió al presidente Alberto Fernández a quien acusó de “encabezar una injerencia indebida en el Poder Judicial” al sostener que “las decisiones en materia de contratación pública no es revisable en los tribunales”. DIjo que “para defender puerilmente a su compañera de fórmula evitó hablar de los graves hechos aquí ventilados. (…) La ciudadanía entera sufrió los actos de corrupción”.
Finalmente replicó un argumento de la vicepresidenta que señaló que la política de obra pública no debe ser materia de revisión por parte de la justicia. “Con este planteo intenta silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz” y se refirió también a “funcionarios de este gobierno desprestigiando las causas penales y al Poder Judicial”.
Le dedicó un apartado a Cristina Kirchner quien, a su entender, “desafió a este Tribunal diciendo que la historia la absolvió cuando sabe que en el derecho penal son los jueces los que deben garantizar el cumplimiento de las normas, son los jueces los que absuelven o no”.
