Organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos condenaron los altos índices de represión y violencia en Venezuela, y exigieron a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los venezolanos, “elementos esenciales” en democracia.
Las entidades firmaron un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones “arbitrarias” y la criminalización de la protesta, en un contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela marcado por la represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo “un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet”.
En ese sentido, les “alarma particularmente” el señalamiento del fiscal general venezolano, Tarek William Saab, a los detenidos en relación a la protesta, y el anuncio de que se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo, que les supondrán penas de cárcel..
“Hacemos un llamamiento a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, exhortan, y exigen a esas mismas autoridades a “desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral”.
Las organizaciones firmantes del comunicado son Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y Robert F. Kennedy Human Rights.
Todas ellas hacen un llamado al cese del uso de armas para reprimir la protesta, y recuerdan que “en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones”, y menos todavía cuando el uso de la fuerza por parte del Estado “sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial”.
En ese sentido, hacen un llamado a la investigación “de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida”, y piden a la comunidad internacional “exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela” y a “mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas”.
