El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes 11 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad relacionados con su polémica guerra contra las drogas.
Duterte, de 79 años, fue arrestado por la policía filipina tras arribar desde Hong Kong. La CPI emitió una orden de arresto en su contra debido a las miles de muertes ocurridas durante su campaña antidrogas, que se llevó a cabo tanto durante su mandato como presidente (2016-2022) como en su período como alcalde de Dávao.
La administración de Duterte reconoció alrededor de 6,000 muertes en la lucha contra el narcotráfico, aunque organizaciones humanitarias elevan esa cifra hasta 30,000, señalando numerosas ejecuciones extrajudiciales.
En respuesta a las críticas internacionales y a la investigación preliminar de la CPI iniciada en 2018, Duterte retiró unilateralmente a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, tratado que establece la jurisdicción de la CPI. No obstante, la CPI mantuvo su competencia para investigar crímenes cometidos antes de la retirada oficial del país.
La detención de Duterte ha generado diversas reacciones en Filipinas: mientras sus seguidores protestan por su arresto, familiares de las víctimas y críticos celebran este paso hacia la rendición de cuentas. El equipo legal del exmandatario ha expresado su intención de luchar contra su traslado a la CPI en La Haya.
Este arresto marca un hito significativo en la búsqueda de justicia internacional por presuntas violaciones de derechos humanos en Filipinas y subraya la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito global.
