El presidente del TC, Francisco Morales, insta a cumplir la sentencia del tribunal nacional, desafiando la resolución de la CorteIDH.
En una sorprendente decisión, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha ordenado la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, desafiando la orden previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitida el año pasado.
El presidente del TC, Francisco Morales, afirmó categóricamente que «se debe proceder a cumplir la anterior sentencia», refiriéndose al auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017.
Morales destacó que la decisión ya se ha enviado al juez de ejecución en Ica, ciudad sureña de Perú, donde se presentó un habeas corpus a favor del exgobernante. El presidente del TC defendió la competencia del tribunal para determinar la libertad de un ciudadano peruano, a pesar de la resolución de la CorteIDH.
«Valoramos mucho las opiniones de la Corte Interamericana, pero en este caso estimamos que el tribunal tiene la competencia originaria para poder determinar la libertad de un ciudadano peruano», sostuvo Morales, llamando a la ciudadanía y a los actores involucrados a cumplir las decisiones judiciales para evitar la anarquía.
El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que Fujimori fue condenado, advirtió que acudirá a la CorteIDH si se ordena la liberación del exmandatario. «Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento», señaló.
Rivera consideró que la Corte emitiría una ratificación de su decisión del año pasado, subrayando que sería un «reiterado incumplimiento del Estado peruano». Además, denunció la situación como una «movida política» que busca liberar a Fujimori sin seguir la resolución de la Corte Interamericana.
El abogado recordó que «Perú es parte de un sistema internacional de justicia en derechos humanos» y argumentó que «no se puede decir que una sentencia del TC puede traerse abajo una resolución y una sentencia, o varias sentencias, de la Corte Interamericana».
Cabe destacar que el indulto otorgado en 2017 ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, tras la solicitud de la CorteIDH para garantizar la administración de justicia en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que llevaron a la condena de Fujimori a 25 años de prisión.
