Tras cancelar fondos para los grupos civiles y humanitarios que asesoran a estos extranjeros en los centros de detención y las cortes de inmigración.
Inmigrantes de escasos recursos en EE.UU. se quedaron sin ayuda legal y por ende “más vulnerables” a las deportaciones tras la orden del Gobierno de Donald Trump de cancelar fondos para los grupos civiles y humanitarios que asesoran a estos extranjeros en los centros de detención y las cortes de inmigración.
Se trata de “un ataque total contra los migrantes; tanto en contra de los que están llegando a la frontera, como aquellos que ya viven aquí“, dijo a EFE Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
Una de estas medidas, del Departamento de Justicia, limita drásticamente la asesoría legal gratuita que los migrantes tendrán tanto en cortes de migración como en centros de detención, una vez que enfrentan un proceso migratorio.
La Administración Trump emitió una orden para detener todos los contratos de servicios legales incluyendo el Programa de Orientación Legal (LOP, en inglés), lo que pone en alto riesgo a los migrantes que se encuentran en centros de detención.
El Proyecto Florence, una organización sin fines de lucro que desde 1989 proporciona servicios legales a migrantes dentro de centros de detención y cortes en Arizona, subrayó que esta interrupción de servicios es ahora más esencial en medio de las redadas masivas del nuevo Gobierno.
“La ley de migración no otorga el derecho a los migrantes de tener un defensor público, como en las cortes criminales, por lo que la gran mayoría no cuenta con un abogado que los represente, por lo que deben representarse ellos mismos en un sistema que desconocen“, explicó John.
Subrayó que por más de tres décadas, el Proyecto Florence ha trabajado por defender los derechos de los migrantes.
Sus abogados visitan los centros de detención en Arizona dando presentaciones gratuitas a los migrantes sobre sus derechos constitucionales en Estados Unidos y los pocos recursos que existen para evitar su deportación.
También los preparaban para su presentación ante un juez de migración y les explicaban los términos legales que con más frecuencia utilizan las cortes.
“Al emitir esta orden la Administración Trump ha quitado esta modesta, pero importantísima ayuda para que los migrantes conozcan sus derechos y opciones“, dijo la activista.
La gran mayoría de los migrantes no cuentan con los recursos monetarios para pagar los costosos servicios legales de un abogado de inmigración en Estados Unidos.
El alto costo de abogados privados
“Algunos abogados privados cobran inclusive solo por una cita inicial para escuchar un caso“, dijo a EFE Ben Martínez, abogado de inmigración en Arizona.
Indicó que navegar y luchar en contra del sistema migratorio del país puede significar miles de dólares para un migrante.
Es una barrera legal porque la mayoría de los migrantes son personas de bajos recursos que llegan a este país solicitando asilo o escapando de la violencia de sus países.
“No solo es el costo de representación que puede ser de varios miles de dólares, en caso de que un juez acepte otorgarles una fianza para salir, esta puede ser entre 5 mil hasta 10 mil dólares por persona“, explicó.
Activistas consideran que la falta de fondos para una asesoría legal para los migrantes los hace aún más vulnerables y los pone en un riesgo mayor de deportación.
Durante la primera Administración de Trump (2017-2021), cuando se implementaron políticas de cero tolerancia en la frontera con México y se separaron familias, se reportaron situaciones de niños migrantes de hasta dos años de edad compareciendo solos ante un juez de migración.
Otro problema es la falta de traductores, particularmente aquellos que hablan otros idiomas que no es el español, como lenguas indígenas.
Desde que se firmó esta orden, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ya comenzó a negar la entrada a los centros de detención en Arizona a representantes y abogados del Proyecto Florence.
Desde 2003, el Congreso de EE.UU. había aprobado fondos de forma bipartidista para los programas de LOP, una iniciativa federal que estuvo basada en el trabajo que por décadas ha hecho el Proyecto Florence en Arizona.
En respuesta esta organización ha iniciado una fuerte campaña en las redes sociales pidiendo a los ciudadanos estadounidenses quejarse ante sus congresistas y senadores y pidiendo se restablezca esta ayuda para los migrantes.
“Quitar estos pocos recursos a los migrantes es una grave injusticia”, se lamentó John.
EFE
