Barranquilla no cede terreno. Luego del reciente fallo del Consejo de Estado que anuló la Ordenanza 075 de 2010 —norma que definía los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia—, el Distrito ha dejado claro que no dará un paso atrás en la defensa de lo que considera históricamente suyo.
La decisión del alto tribunal abrió un nuevo capítulo en el litigio limítrofe, al establecer que la Asamblea del Atlántico carecía de competencia para definir dichos límites. Esto deja sin efecto el trazado anterior y habilita un proceso legal que, según la Alcaldía, representa una oportunidad para corregir lo que califica como un acto injusto contra la ciudad.
“Barranquilla jamás renunciará a lo que le pertenece”, ha sido el mensaje firme del Distrito. Amparado en la Ordenanza 30 de 1913 y el Acto Legislativo 01 de 1993, el gobierno distrital asegura tener bases jurídicas, técnicas e históricas suficientes para reclamar el territorio en disputa.
Desde mayo de 2025, cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) abrió formalmente la operación de deslinde, Barranquilla ha estado presente. Ha llevado su caso con argumentos sustentados en estudios de campo, análisis normativo, cartografía histórica y trazados georreferenciados elaborados por el propio IGAC entre 2005 y 2009. Ese informe, asegura el Distrito, favorece su posición.
“Cualquier intento de desconocer este trazado constituye un acto de injusticia frente a la historia, la legalidad y los derechos de los barranquilleros”, expresó la Alcaldía en un comunicado.
Más allá de la cartografía, hay una preocupación real por el impacto social. La administración distrital subraya que lo que está en juego no es solo territorio, sino el acceso de miles de ciudadanos a servicios, infraestructura y una identidad cultural que sienten propia.
El siguiente paso será la firma de un acta de deslinde en la que se recojan las pretensiones tanto de Barranquilla como de Puerto Colombia. Luego vendrán las sustentaciones de las partes ante el IGAC, que deberá emitir un informe final para remitirlo al Congreso de la República.
Ese informe será la base para que, en un plazo máximo de un año, el Congreso expida una ley que defina de forma definitiva los límites entre ambos municipios.
Mientras tanto, el Distrito insiste en que continuará trabajando para que la cartografía oficial del IGAC refleje un trazado coherente con la legalidad y la historia de Barranquilla. “Cada metro importa”, insisten desde la Alcaldía.
El mensaje a la ciudadanía es de confianza y unidad: “Este proceso fortalecerá la seguridad jurídica del territorio y ratifica nuestro compromiso inquebrantable: proteger la soberanía de Barranquilla, defender cada metro y velar por la dignidad de su gente”.
Con firmeza, pero dentro del marco legal e institucional, Barranquilla deja claro que está dispuesta a dar la batalla. Porque, como concluye el comunicado oficial, “Barranquilla es y seguirá siendo ejemplo de respeto institucional, pero también de firmeza en la defensa legítima de su patrimonio territorial”.
