La diligencia de conciliación prevista para este viernes 14 de noviembre en la Corte Suprema de Justicia terminó sin acuerdo entre la representante Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero, quien estaba designada para asumir como viceministra de Juventud. Guerrero no asistió a la audiencia, según informó Pedraza, por “problemas personales” del abogado de la demandante.
Guerrero sostiene procesos contra la congresista por calumnia, violación de datos personales y acceso abusivo a sistema informático, en medio de las denuncias sobre un presunto título universitario falso. El caso tomó fuerza luego de que la Fundación Universitaria San José confirmara la anulación del diploma que Guerrero afirmó haber obtenido, al no hallar evidencia de participación académica ni evaluaciones en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública.
La Fiscalía 42 Especializada de Bogotá investiga el caso por fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal, tras la denuncia presentada por Pedraza. La congresista ha insistido en que existen inconsistencias en los títulos técnico y profesional de Guerrero, recordando que el Icfes certificó que la joven no presentó las pruebas Saber TyT ni Saber Pro, obligatorias para graduarse.
Pedraza afirmó que su denuncia no busca un enfrentamiento personal, sino evidenciar fallas institucionales. Señaló que el nombramiento de Guerrero no cumplía con los requisitos y que el sistema educativo falló en su verificación. También llamó a Guerrero a entregar información que permita esclarecer si existe un presunto “cartel de títulos”.
Por su parte, Guerrero defendió que sí cursó estudios en la Fundación San José y aseguró que la anulación de su título responde a un “trasfondo político”. En entrevista con Cambio, afirmó que la universidad vulneró su privacidad al divulgar un comunicado sobre su caso y sostuvo que posee notas, constancias y actas que respaldarían su trayectoria académica. Entre los documentos presentados por Guerrero hay registros de calificaciones de 2024 y 2025, un acta de homologación y un certificado de ingreso al programa tecnológico.
El caso continúa bajo investigación judicial mientras crecen las presiones para esclarecer si detrás de estas irregularidades existe un mecanismo más amplio de falsificación o validación indebida de títulos académicos.
