El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un decreto mediante el cual se reordena el aseguramiento en salud en Colombia, lo que implicará la reasignación de 6,5 millones de afiliados entre distintas EPS del país.
Según las estimaciones, la Nueva EPS —la más grande del país y actualmente intervenida por el Gobierno— recibiría 2.618.804 nuevos afiliados, que se sumarían a los 11.580.267 que ya tiene. Esto representaría un incremento del 22,6 % en su población afiliada.
La entidad atraviesa una compleja situación financiera. La Contraloría General de la República indicó que la deuda asciende a $21,37 billones y que su patrimonio registra un saldo negativo de $6,25 billones.
EPS que pierden afiliados
El reordenamiento también impactará negativamente a varias aseguradoras. La EPS Sanitas sería la que más afiliados perdería, al ceder 1.269.760 usuarios y recibir solo 707.121, quedando con una población final de 5.431.143 afiliados.
Por su parte:
Coosalud perdería 979.364 afiliados (al ceder 1.014.563).
Asmet Salud perdería 867.527 afiliados.
Famisanar perdería 741.504 afiliados.
Emssanar perdería 356.571 afiliados.
Otras EPS beneficiadas
Además de Nueva EPS, otras entidades que aumentarían su número de afiliados son:
Mutual Ser, con 425.360 nuevos afiliados.
EPS S.O.S., con 298.973.
Comfenalco Valle, con 126.978.
Cajacopi, con 64.291.
Llama la atención que la mayoría de los traslados planteados por el Ministerio de Salud y Protección Social se concentran en EPS que actualmente están intervenidas.
Argumentos del Gobierno
La cartera de Salud explicó que el objetivo central del decreto es “proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
El Ministerio señaló que sus análisis evidenciaron “persistentes fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento”, como la fragmentación excesiva de afiliados, la presencia marginal de múltiples aseguradores en territorios sin suficiente escala poblacional y la pérdida de economías de escala para la gestión integral del riesgo en salud.
