Un nuevo escándalo ha estallado en Ecopetrol, la principal empresa estatal de Colombia, esta vez con su presidente, Ricardo Roa, como protagonista. La polémica gira en torno a un millonario contrato firmado con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP, por un valor superior a los 5,5 millones de dólares.
Según revelaron medios nacionales, el contrato tenía como objetivo evaluar el impacto reputacional de Roa dentro de la compañía, en medio de las controversias que lo han rodeado desde su llegada al Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el alcance del contrato ha generado fuerte controversia: incluía la retención de correos electrónicos y documentos de al menos 70 altos funcionarios, entre ellos los propios miembros de la Junta Directiva y el mismo Roa.
Más preocupante aún, se habrían autorizado mecanismos para interceptar comunicaciones en dispositivos electrónicos como computadores, teléfonos móviles y tabletas, lo que desató una crisis interna.
Ante la gravedad de los hechos, la Junta Directiva de Ecopetrol se reunió de urgencia la noche del miércoles con el presidente Gustavo Petro. La reunión terminó con la renuncia de Mónica de Greiff, quien habría abandonado su cargo precisamente por las interceptaciones de las que habría sido víctima.
Ricardo Roa, por su parte, se defendió en entrevista con la revista Semana, negando cualquier responsabilidad sobre el contrato y asegurando que él también fue afectado por las interceptaciones. “Fui víctima”, afirmó.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que la permanencia de Roa en la presidencia de Ecopetrol pende de un hilo. Todo indica que su salida es inminente, y que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, podría ser designado como su reemplazo.
El escándalo representa uno de los golpes institucionales más graves para Ecopetrol en los últimos años y pone en entredicho la gestión interna de la compañía más estratégica del país.
