Por: Jorge Vergara Carbó
Para vender los proyectos urbanísticos, la empresa Argos y los constructores que se embarcaron en esos proyectos con ellos, utilizaron como gancho la convivencia ciudadana en viviendas de interés prioritarios (VIP estrato 1)), y viviendas de interés social (VIS estrato 3) en una nueva ciudad al norte de Barranquilla y en los límites de Barranquilla con Puerto Colombia. Con artimañas lograron primero que les cambiaran el uso del suelo en los respectivos POBT de Barranquilla y Puerto Colombia, y que entidades como la CRA y Barranquilla Verde conceptuaran que esa iniciativa compaginaba con el medio ambiente al construir en humedales y destruir bosque tropical, médanos y fauna que actúa como soporte del cuerpo de agua “Ciénaga de Mallorquín”. Con relación a esto último el exvicepresidente de la República “Gustavo Bell Lemus” en un artículo publicado en el Portal “Contexto” expresaba “Es imperativo proteger el bosque seco tropical de Mallorquín en tanto no solo es un ecosistema imprescindible para mantener las condiciones ecológicas de la cuenca, sino para mantener la biodiversidad del país”.
Casualmente, el 21 de marzo del presente año, la Sociedad de Ingenieros, como la Sociedad de Arquitectos, se pronunciaron en un portal de la ciudad afirmando que es “nefasto construir un complejo habitacional en zona industrial” haciendo referencia al proyecto “Portal del Norte.” La empresa ARGOS, afirmaba que se podía convivir en una zona industrial, sin ningún tipo de problemas. Cosa que no es cierta, porque vivir en una zona industrial, y en una vía de rápida circulación como lo es la Circunvalar, no es fácil por todas las incomodidades que genera tener que lidiar con tráfico pesado, entrada y salida de trabajadores, ruidos de las máquinas y lo que es peor, en una vía de alta circulación y de altas velocidades.
Por otra parte, entiendo, que la Curaduría a la fecha no ha otorgado la licencia de construcción, ni en el Concejo Distrital se ha debatido a fondo sobre este proyecto como tampoco se hizo sobre el proyecto de Alameda del Río y el del Batallón Paraíso. Lo sorprendente es que los señores de Argos desde hace varios meses vienen trabajando en el proyecto, destruyendo bosque tropical y médanos sin control de ningún tipo, parece ser que “Argos” mandara en la ciudad y decidiera sobre los POBT, tal como lo describe Gustavo Bell en su escrito.
En esta problemática, el gobierno del presidente Petro no puede pasar de agache, ya que su principal política pública es la de preservar el ambiente, generar el desarrollo alrededor del agua y de la naturaleza y es un contrasentido que el ministerio del Medio Ambiente a la fecha, no se haya pronunciado ante el ecocidio generado por esos proyectos urbanísticos. Peor aún es el comportamiento del Ministerio de Vivienda, como el DPS que otorgan los subsidios a estos proyectos que destruyen la naturaleza y que engañan a los compradores al permitirles construir sin vías de comunicación y el debido amoblamiento urbano porque son ciudades, y como tal deben contar con toda la infraestructura que una necesita, tales como colegios, parques, parqueaderos, hospitales puestos de salud, central de policía, número de policías, bomberos, paradores de buses, y conexión con Barranquilla por medio de deprimidos entre otros. Todo eso lo deben hacer con sus propios recursos.
Argos no ha pagado plusvalía y valorización de sus tierras, la primera por el cambio del uso del suelo y la segunda por las obras que se han hecho con dinero del Distrito, del Departamento y la Nación. Como tampoco han pagado el valor real del predial que les corresponde, al igual que las grandes superficies de comercio por fallas del Distrito, y que le significa dejar de recibir unos $150.000 millones anuales.
La plusvalía, fue establecida en la Ley 388/97 y reglamentada por el acuerdo No 030 del 2008, en el Estatuto Tributario artículo 125, en adelante y contemplada en la Constitución Nacional en sus artículos 73 y 82. El acuerdo contempla cobrar por plusvalía el 35%, del valor que se genera. A la fecha, el Distrito de Barranquilla, como el de Puerto Colombia no han cobrado un solo peso por ese concepto, como tampoco le cobraron a Argos por valorización las obras de la Circunvalar, la de la vía de la Prosperidad, la gran vía (51B), la vía 40 y la carrera 43 de Miramar a la Circunvalar. Por estos conceptos los señores de Argos se han ahorrado más de $1.5 billones de pesos, si incluimos todo el valor de su tierra al cambiarle el uso del suelo, y una suma aproximada de $150.000 millones por valorización.
Lo mismo sucede, con el cobro del impuesto de delineamiento urbano, que deben pagar los constructores en el momento que se otorga la licencia de construcción anticipadamente un 2.5%, del presupuesto de la obra y el otro medio por ciento al finalizar el proyecto. Revisando la ejecución presupuestal del Distrito encontramos que del año 2018 al 2023, el Distrito por este concepto ha recaudado $106.193 millones, cifra insignificante si valoramos cuanto costo la inversión en Alameda del Río con 22.000 viviendas, a un promedio de $150 millones cada una, sin incluir costo de infraestructura, ese solo proyecto ha debido generar ingresos por delineamiento cercanos a los $100.000 millones, y ¿qué ha pasado con las demás construcciones en toda la ciudad?
Por último, y como lo he expresado anteriormente, Argos debe entender, que no todo puede ser utilidad, y decida como compensar a Barranquilla por todo lo que ella le ha dado, limitando el proyecto de “Ciudad Mallorquín” a tan solo 5.000 viviendas, construyendo el deprimido de la carrera 65, y frenar el proyecto del “Portal del Norte” y que esos terrenos los cedan al Distrito, para que se traslade ahí el zoológico de la ciudad.
Finalmente, se necesita del Concejo de Barranquilla y de Puerto Colombia para que ajusten sus respectivos POT, corrigiendo los errores que se cometieron y limiten o prohíban este tipo de proyectos que atentan contra el medio ambiente.
