La edición del 5 de agosto de 1998 del diario El Tiempo, publicaba la noticia de la venta de todas las electrificadoras de los 7 departamentos de la Región Caribe, a un consorcio conformado por las firmas Houston Energies y Electricidad de Caracas, operación que tuvo un monto de 1.4 billones de pesos, cerca de 1.000 millones de dólares.
En ese momento, las electrificadoras fueron vendidas por el profundo y vergonzoso estado de postración en el cual las dejaron los malos manejos, corrupción galopante, ineficiencia e influencia de algunos caciques político regionales, quienes a su antojo ponían y quitaban gerentes. Todo lo anterior, sumado a que el fenómeno del Niño que azotó al país en 1997 disparó de manera alarmante los precios de la Bolsa de Energía, donde estas desvencijadas electrificadoras adquirían la energía que luego comercializaban, imposibilitando sostener contratos a largo plazo, dados los reiterados incumplimientos en el pago de dichas obligaciones, lo que motivó la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos en marzo de 1998.
En ese momento, entre los argumentos expuestos por quienes respaldaron la privatización, se escuchaba que con la llegada de un consorcio especializado y altamente eficiente, con operación del sistema eléctrico en varios países de Latinoamérica, se acabaría de una vez por todas con los pésimos indicadores que arrastraban las electrificadoras y dada la solidez económica que traían los nuevos operadores, se garantizarían las millonarias inversiones que demandaba las redes de distribución y los proyectos de expansión industrial y domiciliarios, acordes con el desarrollo de la Región.
Fue así como nacieron Electricaribe para atender a los departamentos de Atlántico, La Guajira, Cesar y Magdalena y Electrocosta para prestar el servicio en Bolívar, Córdoba y Sucre, sin embargo, los números y proyecciones contemplados inicialmente por Houston Energies y Electricidad de Caracas, nunca se cumplieron y dos años después, es decir, en el 2.000, decidieron vender su participación a la española Unión Fenosa, una compañía que venía precedida de un largo historial de exitosas operaciones en decenas de empresas en varios continentes.
No obstante, con el ingreso de Unión Fenosa, en la práctica la calidad del servicio de energía nunca mejoró y el choque con las comunidades cada día fue mas fuerte, dado el poco conciliador tono con el que sus directivos españoles manejaban los asuntos de la compañía y sus relaciones con los gobiernos seccionales y locales. En 2007, Unión Fenosa decide fusionar a Electricaribe y Electrocosta, haciendo que la primera marca absorbiera a la segunda, teniendo una sola gerencia y centralizando los procesos en una compañía mucho mas robusta.
Quise hacer esa pequeña introducción histórica, para recordarles que el modelo privatizador como fórmula para salvar empresas de servicios públicos domiciliarios no es nuevo y en el caso particular de Electricaribe, luego de 22 años, se demostró que no siempre es la solución para mejorar los indicadores de calidad.
Hoy, 22 años después, la historia se repitió, la Superintendencia de Servicios Públicos volvió a intervenir, el Estado volvió a tirar “salvavidas” para subvencionar la operación de la compañía, se abrió un proceso para volver a vender la empresa y nuevamente un privado se quedó con ella.
La diferencia, es que esta vez el privado asumirá la empresa ejerciendo lo que algunos expertos han denominado un capitalismo sin riesgos, es decir, compraron barato, con precio reservado (secreto de Estado), sin asumir pasivos y con la garantía que el mismo Ministerio de Minas y Energía, a través de la Resolución 1231 de septiembre 11 de 2020, establece un nuevo marco tarifario que permitirá incrementar de manera significativa las tarifas para los usuarios de los estratos 4,5,6, comercial e industrial del caribe, una verdadera estocada a quienes están apenas comenzando a vivir los rigores de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus.
Sorprende eso sí, la actitud de doble moral asumida por algunos congresistas de la Región, quienes votaron de manera positiva y casi obediente el Plan Nacional de Desarrollo, ley 1955 de 2019, que en sus artículos 314 al 318, autorizó al Gobierno para vender a Electricaribe, no hacer público el precio del negocio, hacer pagar 4 pesos adicionales por cada kilovatio consumido a los usuarios del país y después salir con poses de patriotas a rechazar que Electricaribe le cobre a las ciudades sumas adeudadas, cuando ellos mismos aprobaron la creación de un patrimonio autónomo que se nutre precisamente con esos recursos.
La pregunta que queda en el aire es ¿tienen tanto poder los nuevos dueños de Electricaribe para que Gobierno y Congreso decidan en función de sus beneficios y paseen por encima de los usuarios? Todo parece indicar que sí y que estamos frente al inicio de una nueva etapa en la que estructuralmente nada cambio.
No hay duda que estamos regresando en el tiempo 22 años y el final de esta historia ya todos lo conocemos.
Los leo en [email protected] y en Twitter @jpserna
