Recientemente la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cambió su sede en Barranquilla. Llama la atención que la nueva oficina, a diferencia de la anterior que funcionaba en un local independiente, esté ubicada en un centro empresarial de la Carrera 52 con Calle 74, en el que funcionan varias entidades bancarias y financieras.
Por su gran actividad comercial, esta zona del barrio El Prado se caracteriza por un alto tráfico peatonal y vehicular, convirtiéndose en un área potencialmente atractiva para el accionar de bandas delincuenciales, que, a través de la extorsión, el fleteo, el hurto y el ‘taquillazo’, tienen disparados los indicadores de inseguridad en la capital del Atlántico.
Si la Unidad de Búsqueda atiende víctimas del conflicto armado, la mayoría de ellas desplazadas por la violencia y que manejan altos niveles de ansiedad y estrés como consecuencia de las amenazas y agresiones que han sufrido, y por la misma búsqueda que lideran de sus seres queridos desaparecidos, por qué no buscó un lugar en otro sector de Barranquilla que redujera la exposición de las personas buscadoras ante un eventual incidente de seguridad y que por lo menos les garantizara una movilidad más tranquila y desapercibida.
Y ni que decir de los líderes y lideresas sociales, otro público objetivo de la UBPD, y que por la misma labor que desarrollan, también son altamente vulnerables.
¿Quién está detrás de la toma de decisiones de este tipo?
¿Qué aspectos se tienen en cuenta para realizar este tipo de cambios tan trascendentales?
‘La cereza del pastel’ es que desde el año pasado y por determinación de las directivas nacionales de la Unidad de Búsqueda, todas sus sedes han venido terminando los contratos con las empresas de vigilancia que le prestaban este servicio, y la de Barranquilla no será la excepción. Una medida que genera más preguntas que respuestas entre las víctimas de la desaparición forzada que a diario se acercan a las 29 oficinas localizadas en todo el territorio nacional para iniciar o para indagar por los procesos de búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Ojalá que los desaciertos de la entidad en materia de decisiones administrativas no conlleven a corto o a mediano plazo a situaciones que pongan en riesgo la integridad de algún miembro de esta población tan revictimizada en nuestro país.
