Por: Hernando Galofre M.
Vicepresidente de Conaltaxis Capítulo Barranquilla
En Colombia, la formalización de los conductores de taxi dentro del sistema de seguridad social contributiva se ha convertido en un desafío creciente. Aunque las normas exigen que los trabajadores independientes coticen a salud, pensión y riesgos laborales, la realidad económica del sector ha hecho cada vez más difícil cumplir con estas obligaciones. Esta situación no se debe a la falta de voluntad de los conductores, sino a un entorno de competencia desleal que ha reducido sustancialmente los ingresos del transporte individual legalmente habilitado.
El auge del transporte informal e ilegal, especialmente a través de vehículos particulares vinculados a plataformas tecnológicas o prestando servicios especiales sin autorización, ha fragmentado la demanda de pasajeros y afectado la rentabilidad de los taxis. A nivel nacional, la ausencia de control efectivo por parte de las autoridades de tránsito y transporte ha permitido la proliferación de esta oferta paralela, que opera sin los costos regulatorios, tributarios ni de aseguramiento que asumen los conductores formales (Ministerio de Transporte, 2023).
Un ejemplo ilustrativo se encuentra en el área metropolitana de Barranquilla, donde se estima que existen cerca de 12.500 conductores de taxis legalmente vinculados, frente a una competencia de al menos 7.000 vehículos particulares que realizan transporte individual no autorizado. Este desbalance genera una sobreoferta de vehículos frente a una demanda estable o decreciente, lo que obliga a repartir los ingresos de la operación entre un número mayor de actores. Como consecuencia, muchos conductores formales ven reducida su capacidad para sostener los aportes al sistema de seguridad social.
La problemática no se limita a un tema de ingresos, sino que tiene implicaciones estructurales. La informalidad se expande mientras el Estado pierde capacidad de recaudo y control. A la vez, se precariza el trabajo de miles de familias que dependen del taxi como única fuente de sustento. En este escenario, el propósito de la política pública de promover la formalización laboral se vuelve contradictorio con la permisividad hacia la competencia ilegal (Fedesarrollo, 2022).
La solución no pasa únicamente por exigir aportes a los conductores, sino por restablecer las condiciones de equilibrio en el mercado del transporte individual. Es indispensable que el Gobierno Nacional, las alcaldías y las autoridades metropolitanas adopten estrategias integrales de control, incentivos y acompañamiento que permitan recuperar la sostenibilidad económica del servicio legal. Sin ingresos suficientes, la formalización se convierte en una meta inalcanzable.
Mientras tanto, cada día son más los conductores que, a pesar de su esfuerzo, quedan excluidos del sistema de seguridad social contributiva, sin protección en salud ni derecho a pensión. Una verdadera política de formalización del sector taxi debe partir del reconocimiento de esta realidad económica y de la urgencia de frenar la competencia desleal que destruye el trabajo formal.
