Por Eduardo Verano de la Rosa
El camino hacia la autonomía territorial de la región Caribe nos ha llevado a este punto: la tenemos en frente ante la inminente aprobación del referendo por parte del Congreso de la República.
Nos encontramos en la antesala de una revolución trascendental. Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando nos convirtamos en un ente territorial. No se trata solo de un cambio jurídico, sino de una auténtica transformación en la forma en que concebimos y administramos nuestro futuro, con beneficios que se extenderán no solo a la región Caribe, sino a todo el país.
¿Soñador? Sí, y los sueños también se cumplen. Todos lo hemos vivido. A lo largo de los años, hemos estado bajo un modelo de Estado centralista que, por su propia naturaleza, ha gestionado nuestros asuntos desde un centro de poder lejano y, a veces, despreciativo. Esto nos ha llevado a depender de funcionarios en la capital para que nos aprueben proyectos, lo que ha generado una mentalidad de párvulos que debemos superar.
La aprobación de una nueva ley orgánica que dé vía libre a un referendo en el que se les pregunte a los ciudadanos de la región Caribe si quieren o no que su territorio se convierta en la primera región dotada de autonomía, es el gran paso para romper de una vez por todas con este paradigma.
Tras la constitución de la Región como Ente Territorial (RET), como lo establece el artículo 307 de la Constitución, el siguiente paso será construir un Estado regional con todas las de la ley. Esto implica mucho más que la creación de puestos burocráticos: se trata de establecer un gobierno propio, con autoridades locales que entiendan y actúen sobre la problemática de la región.
La autonomía nos permitirá pensar en proyectos de alto impacto que hoy no salen de la esfera de un departamento.
Tendremos infraestructura y conectividad pertinentes. Dejaremos de depender de las vías nacionales que solo unen a la capital con los puertos. Podremos construir carreteras regionales que conecten transversalmente a nuestros departamentos, como una carretera que conecte Sucre con Cesar por el sur de la región.
Al manejar directamente los recursos del presupuesto nacional, podremos tomar decisiones más rápidas y pertinentes. Por ejemplo, la gestión de activos estratégicos como aeropuertos, puertos y el río Magdalena, que actualmente se manejan desde el centro, podría ser mucho más eficiente con una visión regional.
En materia de educación, la autonomía nos permitirá rediseñar nuestra historia para que se estudien nuestros héroes y procesos y se supere así la visión centralista que ha invisibilizado nuestra narrativa.
Políticas públicas pertinentes. La descentralización de las decisiones permitirá que la ciudadanía identifique sus problemas y proponga soluciones ajustadas a su entorno territorial. Esto posibilitará que la salud se adapte a las realidades locales en lugar de aplicar soluciones genéricas desde Bogotá.
El proceso hacia la autonomía no está exento de obstáculos: montar, desde cero, un sistema de gobierno basado y fundamentado en la ley, que tenga la capacidad de generar sus propios ingresos y que nos libere de la mentalidad dependiente, es un gran punto de inflexión.
La meta es clara: no depender de un centro lejano, sino ser los artífices de nuestro propio futuro. El referendo es la puerta, la autonomía es el camino, y la responsabilidad es nuestra principal brújula en este viaje.
