Un grupo de congresistas de oposición enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en la que aseguran que la nueva ley de Seguridad Ciudadana es un «incumplimiento» a sus recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el marco de las protestas antigubernamentales de este año.
Los firmantes de la misiva pretendieron «dar a conocer que existe un pleno incumplimiento de las recomendaciones dadas por la CIDH al Estado colombiano, luego de su visita de trabajo al país en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional de 2021», afirmaron en el texto.
Para los 28 congresistas, miembros de los partidos opositores Polo Democrático Alternativo, Partido Verde, Comunes, entre otros, «el articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social», insistieron.
Especialmente, llamaron la atención sobre el punto de la «legítima defensa privilegiada», que prescinde de responsabilidad penal a quienes ejerzan este derecho para repeler una incursión violenta a sus propiedades, incluso usando «fuerza letal», como reza la nueva normativa, que está a la espera de sanción presidencial.
Este concepto «fortalece acciones de autodefensa», agregaron los legisladores.
La nueva ley aumenta penas por delitos menores como atentar contra la infraestructura pública o sedes policiales, y aún más a quienes usen máscaras para cubrir su identidad.
«La Ley crea el delito de obstrucción a la función pública, señalando que quien a través de violencia o ‘cualquier forma de coacción o intimidación obstruya, impida o dificulte la realización de cualquier función pública’, recibirá una pena de 36 a 60 meses. La pena se aumentará a la mitad cuando se obstruya o impida una orden de captura o procedimientos militares o de policía», insistieron los opositores en el documento.
Y recordaron un informe de la semana pasada de la ONU sobre la situación de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2021, según el cual, se presentaron casos de abuso policial y decenas de muertes cometidas, presuntamente, por la policía.
«Es importante señalar que la Alta Comisionada para las Naciones Unidas advirtió, en un reciente informe sobre las protestas en el país, que ‘recibió información de agresiones y amenazas por parte de miembros de la Fuerza Pública en contra de personas que durante las manifestaciones ejercían una labor de promoción y garantía de los derechos humanos’», subrayaron.
El Congreso colombiano aprobó el texto este miércoles, luego de pasar los respectivos debates en ambas cámaras.
