La Procuraduría General de la Nación encontró que las amenazas contra la vida y violaciones a los derechos de la comunidad LGTBIQ+ aumentaron y se diversificaron en los municipios que conforman la subregión Montes de María ,departamentos de Sucre y Bolívar.
Durante la mesa de trabajo sostenida con sus representantes y con delegados de las entidades estatales encargadas de su atención, realizada en San Juan Nepomuceno, se conoció que además del riesgo contra sus vidas, materializado en el asesinato de tres de sus líderes, atentados contra la integridad de otros seis, e incontables amenazas, se está presentando la instrumentalización de estas personas para promover el tráfico, transporte y almacenamiento de drogas, además de un creciente fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual.
Tras escuchar los relatos de las víctimas, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, recalcó que es la tercera alerta que hace el Ministerio Público a las autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre esta situación y hasta ahora no ha sido atendida adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de violaciones a los derechos de esta comunidad.
A la compleja situación se suma una creciente estigmatización por parte de algunos habitantes de estos municipios, promovida precisamente por los actores armados que buscan tener el control social y han “ordenado” en sus panfletos sacar a las mujeres trans de los lugares donde ejercen su trabajo y apartar a las personas LGBTIQ+ de otros espacios como escuelas y colegios, lo que se traducen en riesgo de salud metal y puede llevar a la deserción escolar o en algunos casos al suicidio de quienes lo padecen.
Frente a estos casos, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora Verbel, referenció su preocupación frente a la respuesta de las autoridades a la vulneración de los derechos de esta población, recalcando el trabajo del ente de control para que “Desde la Policía Judicial o desde cualquier entidad, no existan barreras en la atención, protección o acceso a la justicia a la comunidad, por no ser reconocidos en su identidad de género, o recibir tratos inadecuados o revictimizantes, debido a prejuicios o estereotipos de género de las y los funcionarios públicos” afirmó Verbel Mora.
Finalmente, la procuradora delegada para el Seguimiento para el Acuerdo de Paz, Zeneida López reiteró el llamado a las autoridades para la priorización y atención de estas comunidades, reconocidas por la UARIV como sujetos de reparación colectiva desde el 2020, y que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta.
“La lucha de la comunidad ha sido constante y de muchos años atrás. Es prioritario que no solo se reconozca la afectación de los derechos individuales de los miembros de esta población, también los derechos colectivos para que efectivamente sean reparados por todos los daños sufridos por el conflicto y que persisten por la crisis de seguridad territorial en los Montes de María”, expresó la procuradora delegada.
