El presidente Gustavo Petro aseguró que ordenó el retiro de un general de la Policía Nacional al considerar que estaría involucrado en un presunto plan para afectar su seguridad y “dañar” una eventual reunión con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según el mandatario, el oficial habría recibido la orden de “poner sustancias psicoactivas en el carro” presidencial con el objetivo de generar un escándalo que impactara su imagen internacional.
“Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, afirmó el jefe de Estado, quien agregó que la intención era “destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra”.
De acuerdo con fuentes, el oficial al que se refirió el Presidente sería el general Edwin Urrego, quien se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y posteriormente asumió responsabilidades en la Regional 8 y en la comandancia de Cali.
El mandatario también vinculó el nombre del general con el allanamiento realizado el pasado 11 de noviembre a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el sector de Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia. Petro señaló que la situación lo mantiene en estado de alerta y aseguró que varios funcionarios ya han sido retirados.
La respuesta del general Urrego
General Urrego rechaza acusaciones de complot contra Petro y se ofrece a polígrafo
El general Edwin Urrego reaccionó públicamente y negó de manera categórica las acusaciones. En declaraciones a medios nacionales, calificó los señalamientos como una “locura” y afirmó que nunca ha tenido cercanía con el vehículo presidencial ni participación en hechos irregulares.
“Nunca, eso para mí es una locura”, expresó.
El oficial aseguró que no ha sido notificado formalmente de ningún retiro y que actualmente se encuentra en “excusa” médica tras una caída. Además, manifestó su disposición a someterse a pruebas de polígrafo y a cualquier requerimiento judicial o disciplinario que permita esclarecer la situación.
Urrego explicó que, en el caso del allanamiento a la vivienda del ministro Benedetti, su actuación se limitó a brindar el apoyo requerido en cumplimiento de una orden judicial emitida por la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo no podía oponerme a una orden judicial”, enfatizó.
Finalmente, el general defendió su trayectoria profesional, señalando que cuenta con más de tres décadas de servicio y que ha trabajado con agencias internacionales, incluyendo entidades de Estados Unidos, donde —según afirmó— ha superado múltiples pruebas de confianza.
El caso abre un nuevo capítulo de tensión institucional, mientras se espera que las autoridades competentes determinen si existen elementos que sustenten las graves acusaciones formuladas por el jefe de Estado.
