La Procuraduría General de la Nación rechaza de manera vehemente la acción criminal de las organizaciones Ejército de Liberación Nacional (Eln), Clan del Golfo y Disidencias de las Farc, que tienen a la población civil más vulnerable del departamento del Chocó sometida a la crueldad de sus acciones en virtud de sus enfrentamientos.
El llamado “paro armado” declarado por el ELN en esa región del país es inaceptable, toda vez que mantiene confinadas a más de 10 mil personas, según lo ha dicho la señora gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba.
También es reprochable y condenable que estas organizaciones criminales hayan sembrado de minas antipersona un amplio territorio de ese departamento, poniendo en riesgo a la población civil.
“Como jefe del Ministerio Público solicito al Gobierno Nacional y demás autoridades actuar con urgencia para proteger a la población civil de estas agresiones inaceptables. Debo recordarles al Gobierno nacional y a las demás autoridades que son fines esenciales del Estado (…) mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
La Procuraduría General de la Nación está atenta con su labor de vigilancia y seguimiento a las acciones de las autoridades para prevenir la consumación de riesgos contra la vida e integridad de las comunidades y garantizar el ejercicio de sus derechos.
