Lo que parecía un acto público institucional terminó convertido en una vitrina proselitista y familiar. Gabriel Calle Demoya, alcalde de Montelíbano, quedó en el centro de la controversia tras aparecer en videos difundidos en redes sociales haciendo pronunciamientos de contenido político, mencionando candidaturas y, de paso, a su hijo, el hoy detenido representante a la Cámara Andrés Calle Aguas.
El evento, que tuvo lugar en medio de un contexto de tensión electoral, ha sido calificado por analistas y juristas como una posible violación a la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), que impide a los servidores públicos participar en actividades políticas mientras ocupan cargos administrativos.
En las imágenes se observa al alcalde expresando respaldo a determinadas aspiraciones políticas y defendiendo el nombre de su hijo, quien enfrenta un escándalo mayúsculo por su presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según versiones de la Fiscalía y testimonios del exdirector Olmedo López, Andrés Calle habría recibido una coima de casi $1.000 millones, hechos que hoy lo tienen privado de la libertad y señalado como una de las figuras clave de la maquinaria que habría desviado recursos públicos.
Hasta ahora, la Procuraduría General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero fuentes cercanas al ente de control afirman que una indagación disciplinaria podría abrirse en breve, como ha sucedido en casos similares donde alcaldes o gobernadores rompen la neutralidad institucional en contextos electorales.
¿Un caso aislado o patrón político?
Este episodio revive el debate sobre la politización de las entidades territoriales y el uso del poder local como trampolín para proyectos políticos familiares. Más aún, en un momento en que Colombia se aproxima a una temporada preelectoral de alto voltaje, donde los apoyos regionales serán decisivos para el reacomodo de las fuerzas políticas aliadas al gobierno Petro.
Gabriel Calle, más que un alcalde, parece jugar hoy el papel de escudero político y vocero público de su hijo detenido, una posición que, en lugar de fortalecer su imagen, podría terminar costándole una sanción disciplinaria… o algo más.
