El partido Centro Democrático prepara un proyecto de ley para derogar la política de “paz total”, luego de que el Gobierno levantara las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá. La iniciativa será radicada el próximo 20 de julio, con la instalación del nuevo Congreso de la República.
El representante y senador electo Hernán Cadavid confirmó que la propuesta busca desmontar las facultades que hoy permiten al Gobierno negociar beneficios con estructuras ilegales. Según el congresista, el levantamiento de las órdenes de captura evidencia un contubernio entre el Ejecutivo y los grupos armados.
“El levantamiento de las órdenes de captura a los cabecillas de las bandas delincuenciales confirma que la política de paz total ha sido un contubernio entre el Gobierno y los grupos armados ilegales”, aseguró Cadavid.
Objetivo de la iniciativa
La propuesta del Centro Democrático apunta a derogar los postulados que otorgan beneficios a estructuras criminales, asegurando que las decisiones sobre justicia y seguridad no queden bajo la interpretación del Ejecutivo. El anuncio se perfila como una de las primeras banderas legislativas de la derecha y centroderecha para el nuevo periodo parlamentario.
“Nuestra prioridad será eliminar los beneficios que hoy reciben las estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá”, agregó el congresista.
Reacciones y controversia
La iniciativa llega en un contexto de presión creciente sobre el gobierno de Gustavo Petro, especialmente por decisiones que algunos sectores consideran un riesgo para la seguridad y la justicia en el país.
Por su parte, desde la Casa de Nariño, el comisionado de paz Otty Patiño defendió la política de “paz total” y aseguró que estas medidas son dinámicas propias de la construcción de paz, aunque reconoció que el tema sigue generando fuerte debate político.
El proyecto de ley promete encender nuevamente la discusión sobre la estrategia del Gobierno frente a las bandas criminales y la manera en que se equilibran beneficios de negociación y acción judicial en la lucha contra el crimen organizado en Colombia.
