El director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas, Carlos Augusto Chacón, manifestó su preocupación por algunos puntos que fueron incluidos en el Acuerdo de Escazú aprobado recientemente por el Senado de la República.
El experto aseguró que la mayor preocupación radica en los altos riesgos de incertidumbre jurídica que se genera al ceder competencias soberanas a organizaciones en su mayoría internacionales.
“No es necesario ceder competencias soberanas a unas organizaciones que se van a crear en el marco de Escazú, sobre las cuales el Estado colombiano no tendría ningún tipo de control político o fiscal, como pasa con la mayoría de los organismos internacionales que hoy en día no hay quien los controle. Van a poder emitir una serie de pronunciamientos activados por ONG que pueden ser de papel, poniendo en riesgo muchas cosas”, advirtió.
El experto señaló que el Acuerdo de Escazú le otorga poder a las organizaciones para pedir que se reevalúen las licencias ambientales, aún después de un largo análisis por parte de las autoridades y de las consultas previas con las comunidades de zonas determinadas.
“Resulta que la autoridad ambiental luego de hacer todo el proceso para otorgar las licencias y de haber hecho consultas con las comunidades, alguien puede pedir una ‘reexaminación’ de esa licencia sin ninguna evidencia científica o técnica, porque el acuerdo no establece que se debe presentar este tipo de evidencias”, explicó.
En ese sentido, Carlos Augusto Chacón manifestó que todo eso implica altos costos y efectos negativos en el desarrollo social de las comunidades.
El experto también indicó que el Acuerdo de Escazú no le otorga ninguna capacidad nueva al Estado para enfrentar a los grupos armados responsables de los asesinatos de líderes sociales y de la deforestación, que se desprenden principalmente del cultivo de coca y la extracción ilícita de minerales.
