A través de un habeas corpus fallado a su favor en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, recuperará su libertad de manera inmediata, tal como lo dispone la decisión judicial.
El mandatario de los antioqueños permanecía detenido desde el pasado 5 de junio, después de que la Fiscalía General de la Nación le dictara medida de aseguramiento en su contra, dentro del marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratación.
El proceso que llevó a la detención domiciliaria de Gaviria, está relacionado con las obras de mejoras desarrolladas en la vía que comunica al norteño municipio de Caucasia con Puerto Berrio – la cual es conocida como la Troncal de La Paz- que representaron al erario una inversión de más de $41.000 millones y que tuvo dos adiciones que juntas suman $28.000 millones.
Cuatro meses después de la detención, el pasado 5 de octubre, la defensa del suspendido Anibal Gaviria había solicitado la libertad del mandatario por vencimiento de términos, pero la Fiscalía se opuso a ello asegurando que la privación de la libertad solo se contaba desde el momento en que quedó ejecutoriada y desde que el Inpec ordenó su vigilancia el 12 de agosto de 2020. Contra este argumento, la defensa del gobernador insistió señalando que el mandatario fue suspendido del cargo por Decreto Presidencial 821 del mismo 5 de junio de 2020. El magistrado César Augusto Rengifo Cuello acogió los argumentos de la defensa y señaló que han pasado más de 120 días desde la detención sin que la Fiscalía haya calificado el mérito del proceso.
“Ninguna razón atendible, que justifique válidamente la tardanza en que en este caso ha incurrido la Fiscalía para formalizar la detención del Mandatario, observa este juez para entender tan flagrante mora en las actuaciones que, a la luz de la realidad del caso, la normatividad aplicable, y las enseñanzas de la jurisprudencia y literatura especializada, se requerían para finalmente formalizar la detención del procesado en su lugar de residencia, de modo que las omisiones o tardanza de las autoridades en cumplir sus obligaciones constitucionales y legales, no se le pueden trasladar al detenido en desmedro de sus derechos y garantías fundamentales, colocándolo en una clara situación de desventaja al ver restringido de manera desproporcionada su derecho a la libertad”, dice la decisión de 26 páginas en poder de El Espectador.
La orden de detención de la Fiscalía había sido ratificada por la Corte Suprema el pasado 15 de junio luego de estudiar un recurso que presentó la defensa de Gaviria, al precisar que aunque los hechos investigados están ligados a su primer periodo como gobernador, entre 2004 y 2007, la necesidad de la detención sigue vigente pues en este momento Gaviria es gobernador. Esto, además porque los delitos por los que está siendo investigado Gaviria —contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros— tienen una pena superior a los cuatro años, requisito que exige el Código Penal para imponer detenciones preventivas.
“Ninguna ilegalidad advierte la Sala en torno a la competencia del fiscal para proferir medida de aseguramiento al amparo de los lineamientos procesales, pues el sistema procesal establecido en la Carta Política (…) otorga a la Fiscalía General de la Nación la facultad de investigar las conductas delictivas, acusar ante los jueces a sus presuntos responsables y asegurar su comparecencia adoptando las medidas de aseguramiento respectivas, procede entonces seguir avanzando en el estudio de las propuestas que la defensa presenta”, señaló la Corte en esa decisión.
Este proceso se remonta a cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia por primera vez entre 2004 y 2007. Según la Fiscalía, “el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663′432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.
La Fiscalía afirma que Gaviria, como gobernador, era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía vigilar este proceso. En este caso, se asegura que el anticipo habría sido pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. “Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos”, señaló el ente investigador el pasado mes de junio.
