En el informe también se relaciona a otros funcionarios de las administraciones y contratistas, cuáles serán investigados por el presunto daño patrimonial generado por el abandono y el no funcionamiento de la infraestructura construida entre el Distrito y la Unión Temporal Taganga, con el objetivo de realizar el diseño y construcción de la infraestructura educativa para la IED de Taganga. Johnson y Martínez sería responsable de un presunto detrimento al patrimonio público por más de 9mil millones de pesos.
Debido a esta situación la Contraloría General de la República procede a decretar medidas cautelares sobre los bienes de los presuntos responsables fiscales. Dado que el fin del proceso de responsabilidad fiscal es lograr el resarcimiento del patrimonio público que resultó lesionado.
