El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicaría después del 20 de julio un proyecto de ley que permitiría otorgar beneficios jurídicos a cabecillas de grupos armados ilegales sin estatus político, como parte de una reforma a la Ley de Justicia y Paz.
Según reveló El Tiempo, la propuesta busca que jefes criminales que hayan cumplido entre cinco y ocho años de prisión puedan acceder a libertad condicional, siempre que entreguen armas y bienes ilegales, liberen a menores reclutados, pongan fin a actividades delictivas y participen en proyectos de transformación territorial, entre otros requisitos.
Además, el proyecto permitiría que condenados por delitos relacionados con narcotráfico paguen sus penas en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de ‘armonización’, como medida de justicia restaurativa y con el objetivo de facilitar el desmantelamiento de estructuras criminales en el marco de eventuales diálogos con el Gobierno.
La propuesta genera preocupación, pues abriría la posibilidad de beneficios para cabecillas de estructuras como el Clan del Golfo, el Tren de Aragua o ‘los Costeños’, entre otras organizaciones criminales que no cuentan con estatus político como el ELN o algunas disidencias de las FARC.
Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de socialización y se prevé que sea discutido en la Comisión de Política Criminal antes de su radicación formal en el Congreso, con el argumento de promover la justicia restaurativa y la reintegración de estos actores al país.
