En un hecho sin precedentes, ocho partidos políticos —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI— emitieron un comunicado conjunto en el que califican como un “golpe de Estado” la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular que ya fue rechazada por el Senado. Según el pronunciamiento, la acción representa una “ruptura del orden constitucional” y una “violación directa a la separación de poderes”.
Los partidos instaron a las altas cortes y entes de control a actuar con independencia y apego a la Constitución. En particular, señalaron que corresponde al Registrador Nacional evaluar si un eventual decreto cumple con los requisitos de legalidad, antes de dar curso a cualquier calendario electoral, reiterando que la competencia sobre este mecanismo de participación no recae en el Ejecutivo de manera unilateral.
El comunicado destaca que ya existe pronunciamiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado reconociendo como “acto definitivo” la decisión del Senado de archivar la iniciativa, lo que refuerza —según los firmantes— la imposibilidad legal de revivirla mediante decreto presidencial. “Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una sola persona”, concluyen.
Los partidos firmantes manifestaron además su preocupación por el daño institucional que estaría provocando el gobierno Petro al “instrumentalizar causas sociales legítimas” para avanzar en una agenda que desconocería los límites constitucionales. Rechazaron cualquier intento de deslegitimar al Congreso e hicieron un llamado a la ciudadanía a rodear las instituciones democráticas.
La gravedad del comunicado marca un punto de quiebre en las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y abre la puerta a un escenario de confrontación institucional sin precedentes en el país.
