La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) envió una carta al expresidente Donald Trump y al senador Marco Rubio solicitando que Estados Unidos se oponga a la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, cuya próxima sesión está prevista para agosto.
Valencia argumentó que “los objetivos fundamentales de la Misión no se han cumplido”, refiriéndose al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada hace más de siete años y medio como parte de los acuerdos de paz con las Farc, y que según ella no ha dictado condenas ni ha reparado a las víctimas.
En la carta, Valencia hizo cuatro solicitudes puntuales:
1️⃣ Que EE. UU. presente formalmente su oposición a la renovación de la Misión de Verificación ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
2️⃣ Que el secretario general de la ONU presente un informe público y verificable sobre los resultados de la misión y su gestión frente a las víctimas.
3️⃣ Que se revise el apoyo de EE. UU. en línea con lo planteado por Trump durante su administración.
4️⃣ Que la futura cooperación internacional se reoriente hacia el fortalecimiento de la seguridad de los colombianos.
La senadora criticó que excombatientes de las Farc ocupen actualmente escaños en el Congreso “en total impunidad”, sin sanciones penales ni medidas restaurativas, mientras las víctimas siguen sin recibir justicia.
Valencia citó una investigación sobre viajes de magistrados de la JEP financiados con cooperación internacional, que calificó como “viajes no esenciales y gastos discrecionales incompatibles con la urgencia de los mandatos judiciales y las expectativas de las víctimas”.
También reiteró su postura de que el acuerdo de paz “carece de legitimidad democrática” al recordar que en el plebiscito de 2016 ganó el No, y aseguró que tras casi una década de su firma, el país enfrenta “más cultivos de coca, fortalecimiento de estructuras criminales, aumento de la violencia contra líderes sociales y deterioro de la seguridad”.
La senadora concluyó que, en su criterio, la misión de la ONU debe evaluarse a fondo antes de considerar una renovación, en lugar de continuar respaldando un mecanismo que considera ineficaz en la reparación de las víctimas y en la aplicación de justicia frente a los crímenes cometidos por las Farc.
