Pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario y le fortalece los poderes de la Procuraduría General de la Nación para adelantar las investigaciones por hechos de corrupción, después de haber sido aprobada en el Congreso.
Con esta ley, se busca ajustar parte de la legislación colombiana al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impide que más de 10.000 procesos en contra de alcaldes y otros funcionarios elegidos por voto popular que hoy están frenados en el Ministerio Público, queden en la impunidad.
El senador liberal, Fabio Amín, esta ley “modifica la redacción de las facultades, dándole siempre la prelación y la prioridad para que los funcionarios que hoy están en la actual nómina de la Procuraduría tengan la estabilidad y se mantenga que, dadas estas facultades para reorganizar o reestructurar la planta de personal, la creación de nuevos cargos siempre sea la última opción”, indicó.
Y que solo, después de un estudio técnico que verifique si se necesita la contratación de más personal, dentro de la planta de la actual de la Procuraduría General.
“Solo que de manera excepcional, si luego de hacer los estudios por parte de la Función Pública se llegare a requerir el aumento de nómina, se procurará que sea de costo fiscal cero o de aumento de nómina cero”, añadió.
Esta reforma al Código Disciplinario también fortalece las funciones jurisdiccionales y de policía judicial que tiene el organismo de control para adelantar las indagaciones de carácter disciplinario, lo cual ha sido considerado por la oposición como una herramienta para emprender persecuciones políticas.
