La Procuraduría General de la Nación envió este 4 de septiembre una carta de carácter “urgente” al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, en la que advierte sobre presuntas irregularidades en el concurso público para el nombramiento de notarios en propiedad.
La alerta se da tras la renuncia irrevocable de dos miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), Óscar Fernando Martínez y Soraya Franco, quienes denunciaron falta de transparencia en el proceso. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia de este órgano colegiado.
De acuerdo con las quejas, el Acuerdo 01 de 2025 —base del concurso— fue modificado de manera que otorgó a la Universidad Libre, encargada de ejecutar el proceso, la facultad de resolver reclamaciones en momentos clave, como la admisión de participantes, la calificación de pruebas escritas y las entrevistas. Según la denuncia, esto convierte a la institución en “juez y parte”, debilitando la imparcialidad y transparencia que debía garantizar el CSCN.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro se anticipó con un pronunciamiento en X el pasado 2 de septiembre, en el que denunció rumores sobre presuntos sobornos por cupos en notarías, señalando que incluso se pedían hasta mil millones de pesos por una plaza. El mandatario pidió a la Procuraduría investigar posibles hechos de corrupción en el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro.
La Procuraduría señaló que el cronograma del concurso ha tenido múltiples cambios, el más reciente el 1 de septiembre, cuando se fijó la apertura de inscripciones para el próximo 9 de septiembre.
El último concurso notarial se realizó en 2015 y su lista de elegibles venció en 2018, lo que ha mantenido decenas de notarías en interinidad. Este nuevo proceso, que buscaba acabar con esa provisionalidad, ya está marcado por dudas sobre su legalidad y legitimidad, según advierte el Ministerio Público.