El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó este lunes una carta ante el Tribunal Superior de Bogotá en la que renuncia a la prescripción de la acción penal en el proceso que enfrenta por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La decisión se da a mes y medio de que venciera el plazo legal para una sentencia definitiva, previsto para el 16 de octubre.
“Renuncio a la prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme”, señaló el exmandatario en su misiva, en la que pidió a los magistrados que adopten una decisión de fondo basada únicamente en las pruebas y en la ley.
Juristas consultados explican que la renuncia a la prescripción es un mecanismo permitido por la legislación, aunque con efectos jurídicos discutidos. El penalista Francisco Bernate precisó que la ley habilita esta figura una sola vez y que, de aceptarse, extendería el término del proceso por dos años más. “Tiene un efecto simbólico, salvo que el Tribunal decrete la prescripción y el procesado la rechace”, apuntó.
Otros expertos coincidieron en que el paso de Uribe busca darle tiempo al Tribunal para revisar con mayor rigor el fallo de primera instancia. El constitucionalista Germán Calderón España destacó que la medida permitiría un análisis “sereno y sin afán” de las pruebas, mientras que la abogada Carolina Restrepo sostuvo que el expresidente “renunció a un privilegio para exigir la verdad en juicio”.
Uribe, en su carta, recalcó que optó por “el camino más difícil, pero coherente”, asegurando que no aceptará un desenlace procesal basado en tecnicismos. También cuestionó que en la primera instancia no se respetara plenamente su derecho a ser escuchado, pese a que el juicio incluyó cerca de 70 sesiones con abundante prueba testimonial y documental.
La decisión abre un nuevo capítulo en un proceso que ha marcado la vida política y judicial del país, y que ahora podría extenderse al menos dos años más mientras se define el futuro judicial del exjefe de Estado.
