La Secretaría de ambiente así lo reveló a través de una resolución que regula el uso de publicidad en las campañas políticas.
Mediante una resolución que regula el uso de publicidad en las campañas políticas, lo dio a conocer la Secretaría de ambiente en la capital del país, donde multará con sanciones millonarias para los políticos que infrinjan las normas de publicidad.
Se trata de la Resolución 0042 del 13 de enero de 2022, la cual establece los parámetros y autorizan los elementos de publicidad exterior visual que se podrán utilizar, poner e instalar en Bogotá para las elecciones. Para los partidos y movimientos políticos, en el marco de las campañas electorales para Congreso de la República, los autorizados son:
•Un máximo de 50 vallas con registro vigente.
•Un aviso por fachada, en cada una de las sedes políticas.
Además, cada campaña de los partidos y movimientos políticos para la adopción de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República (consultas), podrán instalar, en el marco de sus campañas electorales, lo siguiente:
•Un máximo de 16 vallas con registro vigente.
•Un aviso por fachada en cada una de las sedes políticas.
De igual manera, los partidos y movimientos políticos que estén debidamente inscritos en el Consejo Nacional Electoral y que participen en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República podrán instalar en el marco de sus campañas electorales:
•Un máximo de 16 vallas con registro vigente.
•Un aviso por fachada en cada una de las sedes políticas.
Los elementos de publicidad exterior visual deberán estar registrados e instalados cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidas en los Decretos 959 de 2000, 506 de 2003 y la Resolución 931 de 2008 de la Secretaría de Ambiente. Asimismo, los partidos tendrán que comunicar a la autoridad ambiental el número de vallas, indicando su ubicación y registro.
Las multas, por publicidad exterior visual ilegal, pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ($5.000 millones) y en los casos en que las investigaciones indiquen que ha habido fallas, esto se podrá denunciar ante el Consejo Nacional Electoral.
