La Sala Penal de la Corte Suprema condenó a cinco años de prisión a Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe. El máximo órgano de la justicia en Colombia revocó la decisión que la había absuelto, por parte del Tribunal Superior de Barranquilla en abril de 2021.
Según la Corte, en la sentencia “a la luz de los fines de la pena, resultaría necesario que la acusada purgue la sanción en establecimiento carcelario”.
La Corte Suprema deja en claro que “por medio de su director financiero, la Universidad Autónoma del Caribe confió en Silvia Beatriz Gette Ponce la administración de la cuenta corriente No. 1040112193, Helm Bank de Miami, y por supuesto, de los recursos que allí estuviesen depositados, sin ninguna restricción y de manera independiente”. Y agrega la decisión: “Por consiguiente, la autorización de la firma constituyó el título o acto jurídico mediante el cual el titular de la cosa mueble, esto es, la Universidad Autónoma del Caribe, confirió un derecho precario a la procesada, cual era, la facultad de administración y disposición de la cuenta, sujeto a la obligación de destinar los recursos en procura de los objetivos institucionales del ente educativo, es decir, reconociendo el dominio ajeno. Existiendo, por ello, entre las partes un concurso real de voluntades, pues Silvia Beatriz Gette Ponce, por su parte, aceptó el encargo, cuando refrendó su firma personalmente en el Helm Bank de Miami”.
Dos instancias, En primer lugar, en 2019 el juzgado penal de Barranquilla que decidió condenarla como autora de abuso de confianza calificado y agravado a nueve años de prisión. Según información del expediente, entre 2008 y 2012, la exrectora habría hecho varios avances o autopréstamos por millonarias sumas incluso para pagarle a su abogado.
El 10 de febrero de 2013, el abogado Arcadio Martínez, capturado dentro de ese proceso que se le seguía a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, pidió a la Fiscalía permiso para ir al baño. Martínez escondió un celular en el cielo raso y un agente que lo custodiaba se dio cuenta.
“Al solicitarle la entrega del celular observa que no tenía la tapa de atrás y no tenía la SimCard, ya que la había botado en el inodoro del baño, al ser descubierto, le ofreció al servidor de Policía Judicial que lo custodiaba la suma de cien millones de pesos para que guardara silencio y lo dejara destruir el teléfono móvil. Ante esta situación, el servidor de policía judicial da a conocer estos hechos a sus compañeros y superiores”, señala el escrito de acusación conocido por SEMANA. Varios años después, Martínez tiene que afrontar juicio por estos hechos, puntualmente cohecho por dar u ofrecer.
La situación rebosó la copa del juez de control de garantías que lo volvió a citar rápidamente para otra fecha, con una advertencia de por medio: “Citar para esa fecha a un abogado de la Defensoría del Pueblo para que lo represente en caso de ausentarse injustificadamente y a su vez dio el ultimátum de proceder a declararlo en contumacia”, le dijo en ese momento la juez a Martínez.
Cabe recordar que fue en 2015 que el Juzgado 34 Penal de Bogotá con funciones de conocimiento condenó a Martínez Pumarejo a seis años y cinco meses de prisión, específicamente por el delito de soborno en actuación penal en calidad de autor.
Esa fue la razón por la que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ahora la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, le retiró la tarjeta profesional.
