La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de Bavaria para determinar si está implementó una estrategia orientada a obstruir el acceso o expansión de nuevos competidores en el mercado de la cerveza.
La estrategia habría consistido en el aumento significativo y desproporcionado en el uso de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a la venta de producto para consumo directo. Con esta estrategia Bavaria habría obstruido el crecimiento de sus competidores en el mercado de cervezas.
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, señaló que “el comportamiento investigado pudo afectar a los consumidores del producto, pues los habría privado de los beneficios que ofrece un mercado en competencia con la entrada o expansión de nuevos competidores, más opciones, mayor diversidad de productos y mejores precios para los consumidores.
En ese sentido, los investigados por la obstrucción de la libre competencia son, como infractores, Bavaria. Y como personas naturales José Luis González Quiroz, presidente y vicepresidente comercial de Bavaria entre 2017 y 2020.
La investigación se inició luego de que la Superintendencia recibiera una queja presentada por la Central Cervecera de Colombia.
En el marco de la actuación administrativa, la Superintendencia evidenció que Bavaria incrementó de manera exponencial el uso y aplicación de cláusulas de exclusividad como reacción a la entrada en operación de la planta de producción de Central Cervecera de Colombia.
Así mismo, la Superintendencia encontró pruebas que sugieren que la intención de Bavaria habría sido obstruir el crecimiento de ese competidor, así como que las exclusividades que Bavaria implementó habrían logrado ese resultado en algunos canales de comercialización.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos por cada infracción al régimen de libre competencia, y a quienes hayan colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado las conductas anticompetitivas, hasta 2.000 salarios mínimos por cada infracción.
