El magistrado fue designado por sorteo para estudiar la constitucionalidad del mecanismo propuesto por el Gobierno Nacional.
La Corte Constitucional designó por sorteo al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente del alto tribunal, como el encargado de estudiar el decreto presidencial mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro convoca a una consulta popular.
El decreto deberá ser analizado por la Corte para determinar si cumple con los requisitos legales y constitucionales que rigen este tipo de mecanismos de participación ciudadana, en especial en lo que respecta a su contenido, procedimiento y motivación.
La consulta popular fue anunciada por el presidente Petro como una vía para que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre temas clave de su agenda política, en medio de las dificultades para aprobar reformas estructurales en el Congreso, como la reforma laboral.
El anuncio del mecanismo ha generado un amplio debate en sectores políticos, jurídicos y sociales, por el alcance que podría tener y por los precedentes que establecería frente a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Con la designación del magistrado Ibáñez como ponente, comienza el trámite constitucional para evaluar la validez del decreto. No se ha establecido aún una fecha para la decisión, pero el análisis será clave para definir el futuro de la propuesta presidencial.
