La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), para esclarecer posibles faltas disciplinarias en el contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para detenidos, adjudicado a la Unión Temporal Utefectiva.
Según la queja, el bilateral suscrito en el 2025 se habría adjudicado a dedo, con ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de funcionarios de la USPEC y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pagos irregulares de Prepacol por cerca de $ 1.500 millones, al parecer sin cumplir lo contratado, y conflictos de interés con la interventora.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas para identificar posibles responsables, verificar supuestas irregularidades como la manipulación de informes y determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias.
El Ministerio Público reitera su compromiso de velar por la transparencia en la contratación estatal y proteger los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana.
