La Procuraduría General de la Nación de nuevo advirtió que la declaratoria de caducidad que decretó el MinTIC a la Unión Temporal Centros Poblados, tiene en riesgo a por lo menos ocho contratos que están en ejecución.
Los mismos superan los 646 mil millones de pesos.
Por esta razón, el organismo de control hizo un llamado a las entidades que están ejecutando contratos con los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados para que inicien el proceso de cesión de estos.
La advertencia se dio durante las visitas ordenadas por la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en virtud de la competencia preventiva ejercida al proyecto Centros Digitales del MinTIC.
En su tarea por investigar a los funcionarios involucrados el ministerio público recaudó las pruebas para verificar las gestiones realizadas, tendientes a comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes.
Advirtió la Procuraduría que los negocios jurídicos fueron suscritos por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales.
Las visitas de la Procuraduría adelantaron visitas al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) donde encontraron cinco contratos que ascienden a $603.046.586.043; al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) donde documentaron dos por $17.696.394.301 y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con uno por $ 25.536.178.560
El Ministerio Público también recaudó e indagó por las actuaciones adelantadas con posterioridad a la declaratoria de caducidad del Contrato N.° 1043 de 2020, así como la verificación de las gestiones realizadas, tendientes a comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes.
La Entidad amplió la acción preventiva para que desde las procuradurías regionales, provinciales y distritales y la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, se realice el mismo proceso en otras entidades del orden nacional.
