En un giro importante del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que anule la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por la juez 44 penal del circuito, Sandra Heredia. Uribe fue declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, siendo el primer exmandatario colombiano condenado penalmente.
La Procuraduría, en su rol de garante de la legalidad, argumenta que hubo fallas sustanciales en la valoración de las pruebas, especialmente en la inclusión de interceptaciones telefónicas que, según el Ministerio Público, no cumplen con los criterios legales de hallazgo inevitable. Además, critica que se desconoció la presunción de inocencia, principio fundamental en todo proceso penal.
Bladimir Cuadro Crespo, procurador delegado para investigación y juzgamiento, destacó que la decisión judicial debe ser revisada porque vulnera derechos constitucionales, por lo que pidió que se reevalúe el caso con apego estricto a la ley.
Por su parte, la defensa de Uribe insiste en que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que la condena afecta garantías básicas del expresidente. Si el Tribunal acoge la solicitud, podría absolver a Uribe o ordenar la repetición del proceso.
Este hecho ha provocado un intenso debate nacional, dado su impacto en el ámbito político y electoral, y la magnitud simbólica de una condena inédita contra un exjefe de Estado en Colombia.
