El Ministerio Público dio a conocer la problemática sanitaria que viven las 4.703 personas privadas de la libertad en este centro carcelario.
La Procuraduría General de la Nación ofició al director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué Picaleña (COIBA), para que de manera urgente e inmediata, y por razones humanitarias, adelante las actuaciones pertinentes para superar la crítica condición de salubridad en que viven las 4.703 personas privadas de la libertad (PPL) recluidas en ese centro carcelario.
La petición también se hizo a los directores generales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), así como a la directora de la Regional Viejo Caldas del INPEC.
En su comunicación, el Ministerio Público dio a conocer la problemática sanitaria expuesta por los representantes de derechos humanos de las PPL, quienes manifestaron que gran parte de las baterías sanitarias se encuentran dañadas y, por ello, se ven en la obligación de realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden.
Asimismo, refirió que existe un pabellón donde conviven 293 PPL, que cuenta solo con dos sanitarios y dos orinales que funcionan a media marcha. Esto sumado a los continuos problemas de bombeo de agua y racionamiento que también afectan al pabellón de mujeres, donde desde hace más de un año no tienen agua corriente para suplir sus necesidades básicas.
Respecto a los adultos mayores, los denunciantes indicaron que quienes padecen patologías de origen gastrointestinal deben permanecer hasta un día completo sin cambiar sus bolsas de colostomía, pañales y, muchas veces, la ropa.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué sostuvo en su escrito que, como consecuencia de la situación de insalubridad advertida en visita del 29 de agosto de 2022 a ese complejo carcelario, y de lo denunciado por los quejosos, requirió al INPEC y a la USPEC realizar una inspección a este sitio de reclusión para identificar, cuantificar y priorizar la atención de los daños que presenta en materia de acueducto y alcantarillado.
Finalmente manifestó que los destinatarios de la misiva deberán informar a la Procuraduría, las gestiones cumplidas para superar las precarias condiciones en que viven las PPL, y que atentan contra los derechos humanos, y los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud, en conexidad con la vida, como consecuencia de la falta de suministro continuo del líquido vital.
