La Procuraduría General de la Nación reiteró su oposición frente a la propuesta de rebaja de penas en delitos sexuales, incluida en el Proyecto de Ley 281 de 2024, actualmente en debate en el Congreso de la República.
Durante la audiencia pública de la reforma a la justicia, el Procurador Delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel llamó la atención por las posibles consecuencias que esta medida podría tener para la protección de las víctimas de violencia sexual y el adecuado funcionamiento del sistema penal.
Durante su intervención, el Delegado enfatizó en que los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos, la clave para garantizar justicia a las victimas.
Así mismo, para el ente de control la posibilidad de rebajar penas no garantiza una agilización de los procesos judiciales ni evitará la interposición de recursos.
Wolffhügel también explicó que, ya existen herramientas que permiten a los jueces acelerar los procesos judiciales, añadiendo que el sistema de justicia contempla mecanismos de “justicia premiada” a través de la aceptación de cargos, cuando se evita la exposición prolongada al estigma del juicio penal.
Añadió que, rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos como el abuso sexual, lo que afectaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas. También cuestionó si la rebaja de penas realmente mitigará la impunidad.
Finalmente, la Procuraduría reafirmó su postura institucional de que la justicia debe garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin socavar los derechos de las víctimas.
