La Procuraduría General de la Nación solicitó a las alcaldías de Carmen del Darién y Bojayá información sobre las medidas adoptadas por el hundimiento de una embarcación cisterna que transportaba cerca de 12 mil galones de ACPM, ocurrido el nueve de noviembre en el río Curbaradó, situación que ha generado una grave afectación ambiental y sanitaria en las comunidades ribereñas.
El requerimiento de la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó enviado, también a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, incluyó los resultados preliminares del monitoreo ambiental y sanitario, y el plan de trabajo interinstitucional para la contención, mitigación y restauración ambiental.
En comunicación enviada a las autoridades departamentales se pidió dar a conocer los mecanismos de protección sanitaria y de información a las comunidades afectadas, de manera que sea posible promover su participación informada en las medidas de manejo y de contención adelantadas.
El ente de control sostuvo que realizará seguimiento preventivo permanente a la situación, hasta que se garantice la protección de los derechos de las comunidades ribereñas, por lo que considera necesario reforzar la respuesta institucional, la prevención y el seguimiento permanente, con el fin de evitar posibles omisiones administrativas y garantizar una gestión oportuna, eficaz y articulada.
