El próximo miércoles 15 de febrero el Gobierno Nacional radicará la iniciativa que establecería el marco jurídico para el diálogo con bandas criminales.
Así se conoció luego de una audiencia pública convocada por el Congreso de la República para escuchar las opiniones de diferentes actores involucrados en el sistema penal y carcelario, por cuenta del proyecto de ley de humanización de la política criminal, donde el ministro de justicia, Néstor Osuna, reveló nuevos detalles de lo que contiene la ley de sometimiento colectivo de grupos armados ilegales de alto impacto.
El ministro resaltó, en primer lugar, que esta ley se enmarcaría dentro de la justicia ordinaria, es decir, cualquier tipo de beneficios que se le concedan a las personas o grupos que se acojan tendrá que hacerse a través de lo establecido en el código penal y en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. En ningún caso se presentaría un escenario de justicia transicional.
Asimismo, se contempla en el borrador, que aún está en ajustes finales, el establecimiento de penas restaurativas a través de la compensación económica o la colaboración en obras, así como la prisión en centro carcelario, que tendría penas aproximadamente de ocho años, tal como se concibió en la Ley de Justicia y Paz con los grupos paramilitares.
Frente al tema de entrega de bienes por parte de los integrantes de estos grupos, el ministro señaló que se mantendría la posibilidad de qué se queden con el 10 % de estos bienes, dependiendo de su colaboración con la justicia, su aporte a la verdad y a la reparación de las víctimas.
El ministro Osuna finalizó diciendo que este fin de semana se reunirán con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el objetivo de dejar el articulado listo para su radicación.
