En cumplimiento de la Acción Popular que el Tribunal Administrativo del Atlántico les concedió a los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó en su Sesión 1388 del 30 de mayo la reformulación de manera definitiva del componente de comercialización, decisión que disminuirá, en términos estimados, en $54 por kilovatios hora el valor del consumo mensual que Air-e les cobra a 2.7 millones de usuarios.
“Les cumplimos a la gente del Caribe. Con esta decisión se acaban los abusos mensuales a los que estaban sometidos con las impagables tarifas de energía eléctrica”, expresaron los personeros Miguel Ángel Alzate, de Barranquilla, y Edwar Orozco, de Santa Marta.
Esta nueva decisión dejaría sin efecto en la práctica el régimen transitorio especial creado en 2019, teniendo en cuenta que, en cumplimiento de la Acción Popular, la Creg dejó sin efectos cobros como el del 20% de los gastos de Administración Operación y Mantenimiento (AOM) y el de las pérdidas no técnicas, o robo de energía, equivalente a $90 kWh, entre otras medidas.
Destacaron que el nuevo acto administrativo, que ya surte su trámite para quedar en firme, “representa en la práctica la eliminación del régimen transitorio especial creado sólo para la Costa y que ha tenido consecuencias sociales, económicas y productivas adversas para nuestra región”.
Desde 2022, en el gobierno del presidente Iván Duque, las tarifas de energía comenzaron a subir de manera imparables y golpearon, mes tras mes, el bolsillo de los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Esta situación iba en contra de las comunidades al no tener la posibilidad de acceder a un servicio público esencial, violatorio a un derecho colectivo, por lo que los personeros Alzate, Orozco y Deluque presentaron la Acción Popular.
La Creg, tras un prolongado y profundo análisis, reformuló el cargo de la comercialización que permite disminuir, aproximadamente, el 20% que se cobra para el país y elimina el 20% adicional que se le cobraba a la Costa. También eliminaría los 300 puntos básicos de cartera que conforman esa fórmula técnica para el Caribe.
De acuerdo con los cálculos de la Creg, por esta decisión los usuarios de Air-e dejarán de pagar al año $282.000 millones, aproximadamente.
Los efectos de la Acción Popular del Tribunal del Atlántico favorecerán también a los clientes de Afinia, en Córdoba, Cesar, Sucre y Bolívar, que por el componente de comercialización no pagarán al año $114.000 millones, aproximadamente. A ellos se les reducirá en $23/kilovatios hora la factura mensual.
Esta decisión también tiene un alcance nacional. La reformulación del componente de comercialización les permitirá a todos los usuarios del país ahorrarse un billón de pesos, aproximadamente, al año en el servicio de energía eléctrica.
En cumplimiento de la reducción de las tarifas eléctricas, como lo ordenó el magistrado Jorge Fandiño Gallo en su decisión en favor de los tres personeros, la Creg desde el 2024 ha venido, progresivamente, tomando decisión que han dejado sin efecto todas las reglas diferenciales que afectaban a los usuarios costeños de este servicio.
Además de reformular la comercialización como última medida, también:
• Flexibilizó las inversiones de los operadores de red que hayan cumplido las metas de calidad del servicio, con el propósito de reducir los incrementos tarifarios a los usuarios.
• Convocó subastas de reconfiguración de compra de Obligaciones de Energía Firme para los períodos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028.
• Definió los nuevos precios de escasez del Cargo por Confiabilidad, dictó disposiciones para las compras de energía eléctrica al mercado regulado por parte de los prestadores del servicio sobre los cuales se ha ordenado toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Púbicos.
• Facilitó la entrega de excedentes de energía por parte de los autogeneradores y aquellos otros generadores con disponibilidad de energía, con el objetivo de aumentar la oferta de energía en el mercado.
• Flexibilizó las reglas para los contratos de largo plazo con destino a la demanda regulada donde se busca aumentar la contratación de energía para reducir las compras en la bolsa de energía que realizan los comercializadores, entre otras medidas.
Los Personeros de Barranquilla y Santa Marta agradecieron el acompañamiento que durante esta lucha recibieron de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, del Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, de la Asociación Colombiana de Ingenieros seccional Atlántico, del Comité Intergremial del Atlántico, los congresistas costeños, los alcaldes, y de profesionales expertos en temas eléctricos.
“Fue un importante ejercicio de unión en favor de toda la Costa”, destacaron.
El reto que queda ahora es que el Gobierno Nacional garantice la prestación del servicio de energía ante la crisis financiera de Air-e.
