En los últimos cuatro años, la Defensoría del Pueblo emitió al menos tres alertas tempranas advirtiendo sobre los graves impactos ambientales en los ecosistemas del Bajo Atrato, en el norte del Chocó, donde actividades ilegales controladas por grupos armados están devastando el territorio.
Estas alertas, numeradas como 013-23, 021-20 y 014-23, documentaron desde 2020 las graves consecuencias de estas economías ilegales, y una de ellas, la alerta 014-23, fue elaborada junto con la Defensoría de Panamá debido a su carácter binacional.
La Defensoría, que participó en la COP16, la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, resaltó la urgencia de detener los daños que los grupos armados están causando en los ecosistemas del país.
En su comunicado, la entidad alertó: “La deforestación, la pérdida de hábitats y la contaminación derivada de las actividades de minería ilegal, la extensión de la frontera agrícola y pecuaria, y los cultivos de uso ilícito son algunas de las economías que los grupos armados ilegales han consolidado, generando un impacto devastador en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos”.
