Una presunta red de corrupción judicial ha quedado al descubierto en varios departamentos del norte del país, donde víctimas denuncian haber sido engañadas con préstamos informales que luego se convirtieron, sin su conocimiento, en supuestas deudas por cuotas alimentarias. El caso, que ha sido denominado como el “cartel de los alimentos”, involucra a jueces, funcionarios judiciales y abogados en lo que aparenta ser una compleja estructura de fraude procesal.
Según las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, varios pensionados firmaron documentos para acceder a créditos en Montería, Córdoba, y semanas después comenzaron a recibir descuentos de hasta el 50 % de sus pensiones, por órdenes judiciales de municipios en los que nunca han residido ni sido notificados legalmente. Las decisiones habrían sido tomadas sin convocar a conciliación ni permitir el derecho a la defensa.
Los casos documentados involucran a juzgados de Luruaco (Atlántico), San Pablo, Morroa, Simití, Achí, Agustín Codazzi, Sasaima y Santa Rosa, entre otros. De hecho, un juez de Sasaima, en Cundinamarca, ya fue destituido por hechos similares.
Entre los afectados se encuentran los docentes pensionados Orlando Reyes Cogollo, José del Carmen Torres Romero y Juan Pablo Aguirre Casarrubia. Todos coinciden en un mismo patrón: tras firmar para un préstamo, fueron vinculados a procesos de alimentos sin notificación previa, en juzgados fuera de su lugar de residencia. Las decisiones judiciales fueron firmadas con documentos falsificados o adulterados, y las sumas embargadas habrían sido desviadas a terceros que actuaban como “beneficiarios” ficticios.
Las pruebas aportadas incluyen consultas en el sistema judicial Tyba, certificados de residencia, copias de cédulas y registros de votación. Incluso se documentó que los fallos eran emitidos tras supuestas conciliaciones realizadas en otros municipios, sin presencia de las partes.
Una de las juezas señaladas es Paola Gisela de Silvestri Saade, quien ejerce en Luruaco, Atlántico. Aunque suspendió los embargos tras conocerse las denuncias, no compulsó copias a los apoderados ni a quienes aparecen como beneficiarios de las demandas, quienes, según los denunciantes, son en realidad los cobradores de los préstamos.
No es la primera vez que De Silvestri es mencionada en un caso de presunta corrupción: fue capturada en 2010 por un desfalco cuando era tesorera de Aracataca (Magdalena), aunque luego fue absuelta en segunda instancia.
Además, fuentes dentro de la Rama Judicial señalan que en algunos despachos se estarían autoembargando funcionarios que accedieron a préstamos informales, como una forma de evadir el pago real de sus deudas. También se alerta sobre la posible participación de juzgados de paz que estarían tramitando casos fuera de su competencia legal, con escasa supervisión.
Pese a que el caso ya está en manos de la Comisión de Disciplina Judicial, las víctimas exigen respuestas más contundentes. Piden que se certifique la existencia real de los procesos, se investigue penal y disciplinariamente a jueces, secretarios y abogados involucrados, y se levanten de inmediato las medidas cautelares impuestas en su contra.
Entretanto, el escándalo sigue creciendo, mientras se teme que existan muchos más afectados. El dinero en juego, advierten fuentes consultadas, es millonario. Y el silencio que lo ha rodeado, peligroso.
