La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria contra Omar Ricardo Díazgranados Velásquez, exgobernador del Magdalena, quien fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. El alto tribunal impuso una pena de 10 años y siete meses de prisión para el exmandatario.
La investigación demostró que Díazgranados, tanto en su condición de candidato como en su ejercicio como gobernador entre 2008 y 2011, mantuvo un acuerdo criminal con David Murcia Guzmán, líder de la controvertida captadora DMG. De acuerdo con el proceso judicial, el exgobernador recibió dinero y recursos en especie de parte de DMG para su campaña política, a cambio de adjudicar contratos públicos a empresas vinculadas a dicha organización.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa económica de 12.931 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un período igual al de la condena. La Corte también rechazó la posibilidad de que Díazgranados cumpla su pena en prisión domiciliaria o que se le otorgue la suspensión condicional de la pena.
El fallo resalta que el exgobernador utilizó su posición de poder para facilitar el lavado de activos de DMG, una red multinacional encargada de ocultar y redistribuir utilidades provenientes de actividades ilícitas.
En el mismo proceso, se encontraba vinculada Laura María Úsuga Varela, quien ejerció como gobernadora encargada del Magdalena. No obstante, la Sala la absolvió de todos los cargos, al no encontrar pruebas de que hubiera actuado con dolo en relación con la licitación pública otorgada a la empresa Provitec Ltda.
Este fallo marca un hito en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en el país, dejando claro que el uso del poder para beneficiar a organizaciones criminales no quedará impune.
